PP y Vox sacan adelante en las Cortes la ley que blinda los servicios públicos


El guion fue el mismo que antaño del verano cuando en comisión parlamentaria se aprobó el parecer de la proposición de ley por la que se garantiza laprestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad, una iniciativa que lleva el sello del PP y que se presentó cuando compartía gobierno con Vox.

En julio existía la duda de cuál sería la posición de los de Abascal tras renunciar la Asociación, pero finalmente dieron su voto a los populares y así ha llegado al Pleno, donde las posiciones no han variado y ha conseguido la aprobación definitiva con los únicos votos de los exsocios.

Todas las enmiendas presentadas por los diferentes grupos de la competición fueron rechazadas por uno y otro y, de esta forma, decayeron. El portavoz adjunto del Liga Popular, Miguel Garbo García Nieto, ha presumido de una ley que fue uno de los compromisos de Alfonso Fernández Mañueco en su debate de investidura hace más de dos primaveras por ser «un pacto con los ciudadanos».

Vox incluso la ha defendido, aunque ha justificado su voto en la «coherencia» de apoyar la postura auténtico. Para la competición, en cambio, se tráfico de una iniciativa «inútil» que «deja todo como está», entre otras cosas porque «carece de un régimen sancionador». El debate de esta iniciativa ha servido para constatar que los populares mantienen la porte de ignorar al procurador del Liga Compuesto Francisco Igea, al que siguen sin contestar en sus intervenciones, ni a sus enmiendas.

Servicios y consultas

Según recoge la ley, su finalidad es respaldar a los ciudadanos el paso en condiciones de igualdad a la prestación en el demarcación de los servicios públicos de audiencia sanitaria, educación y servicios sociales.

Contempla que la propuesta de supresión de un servicio se elevará al Consejo de Gobierno para su remisión a las Cortes de Castilla y Arrogante como una Comunicación de la Asociación de Castilla y Arrogante para su debate. Tras el resultado de la votación, la Asociación decidirá, mediante acuerdo, sobre la supresión del centro o zona.

En cuanto a la frecuencia de consulta en el núcleo donde no radique el centro de sanidad, se establece a la demanda en las localidades de menos de 50 habitantes; un día a la semana hasta los 100 habitantes de hecho; dos días a la semana hasta 200 vecinos; tres días a la semana hasta 500 tarjetas; consulta diaria de lunes a viernes en núcleos de más de 500 habitantes de hecho.

Todavía se garantiza el mantenimiento de las unidades escolares, mientras haya, al menos, tres alumnos. Respecto de su supresión, no podrá acordarse hasta que no hayan transcurrido, al menos, dos cursos escolares sin actividad educativa por insuficiencia de alumnado.

En la prestación zonificada de los servicios sociales esenciales, en el ámbito rural, la ley recoge que se mantendrán las prestaciones del catálogo de servicios sociales de Castilla y Arrogante en cada zona de batalla social, así como el convexidad de financiación a las entidades locales competentes para el mantenimiento de los equipos y servicios públicos en cada zona de batalla social al momento de su entrada en vigor.

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