Para conocer las últimas novedades del caso hablan con Susanna Griso, Joaquim Bosch, miembro de jueces para la democracia y Fernando Portillo del Foro Legal Independiente.
¿Qué les parece que la fiscalía pida acoger a trámite la querella de Sánchez contra el árbitro Peinado? ¿Forma parte de la normalidad del proceso?
Bosch es sólido: “Las alegaciones de la fiscalía me parecen muy fundamentadas, es muy difícil que se admita a trámite esa querella contra el árbitro Peinado, porque la prevaricación implica mucho más que una mera discrepancia jurídica o cuestionar una resolución, implica dictar una resolución injusta a sabiendas , debe de ser una resolución arbitraría sin ningún apoyo en el ordenamiento legal, es cierto que la citación a Pedro Sánchez me parece que tiene fundamentos cuestionables, creo que debería haberse planteado de forma escrita, por tratarse de hechos que habría conocido en el control de su cargo, y por otro banda, una valentía que tiene cierta relevancia porque afecta al estatuto procesal en la institución de la presidencia del gobierno , debería motivarse porque se opta por una valentía o por otra, eso afecta al funcionamiento de la propia presidencia del gobierno. Pero que una resolución no esté sobrado motivada no significa en categórico que sea prevaricadora y incluso en este caso yo creo era posible interpretar lo que ha realizado el árbitro peinado aunque mi me parezca discutible. Veo muy difícil que pueda admitirse a trámite esta querella”.
estamos en presencia de la primera vez en la historia democrática de España que un presidente del gobierno en activo se querella contra un árbitro que está ejerciendo sus funciones.
¿Les parece practicable sostener la prevaricación?
Portillo cuenta que en cuanto a la viabilidad , “estamos en presencia de la primera vez en la historia democrática de España que un presidente del gobierno en activo se querella contra un árbitro que está ejerciendo sus funciones. Creo que es la primera vez en la historia del país que un testificador se querella contra el árbitro que le ha citado a resolver, no por citarle a resolver, sino por citarle de la forma que el creía que debía resolver, es una discrepancia jurídica que tengo con Joaquim Bosch. En principio tendrá un repaso corto, porque hay un discrepancia jurídica de fondo , sobre todo en qué forma debería de poseer patente el presidente del gobierno , pero eso está en principio aparentemente muy allí del delito de prevaricación.”
¿Y qué les parece que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el memorial del Supremo contra la perdón?
El magistrado Portillo explica que hay que tener en cuenta que la normalidad en estos asuntos del Tribunal Constitucional es acoger a trámite , eso significa que no lo guarde en un cajón sino que va estudiar si efectivamente procede o no procede resolver la inconstitucionalidad en presencia de la ley de perdón. Es cierto, que el tribunal constitucional nos tiene acostumbrados cuando se proxenetismo de hechos fundamentales la mayoría de veces no se admite a trámite, pero cuando hay en descanso asuntos mediáticos y/o políticos lo ordinario es que el Tribunal Constitucional entienda que debe entrar a ver el fondo y lo único que ha resuelto es que va estudiar si hay o no inconstitucionalidad en esta ley.
Lo más probable es que el tribunal convalide la ley de perdón
Bosch dice que aquí como sabemos “hay un debate legal muy amplio sobre que es el que puede decirle al Tribunal Constitucional”, y asegura que desde su punto de olfato” lo más probable es que el tribunal convalide la ley de perdón.”
¿Y la inhibición del exministro Campo?
El miembro de jueces para la democracia asegura que es comprensible: “La inhibición de Campos es ordinario porque el había informado favorablemente a merced de este indulto y adicionalmente por escrito se pronuncie en contra de la ley de perdón por lo cual concurría razones justificada para que se se abstuviera. En lo que coincide el magistrado Bosch insiste : “por el posicionamiento previo , por otro banda entra adentro de la normalidad cuando un tribunal plantea una cuestión de constitucionalidad esto implica la exhalación a trámite” .
