El Ocupación de Pubertad e Infancia envía a la Fiscalía un noticia en el que expone que el protocolo consentido por el Ejecutor de Canarias sobre la acogida de menores migrantes “puede ser constitutivo de una quebrantamiento importante de derechos fundamentales de la infancia en España”.
Fuentes del Ocupación, que lidera Sira Rego, comunican este sábado la remisión del noticia, subrayando que la carta y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias indican que la competencia en materia de protección de menores es “monopolio” de la comunidades autónomas, independientemente de la situación en la que se encuentren.
Incumplimiento de la Constitución y desatiendo a la Carta de Derechos del Chiquillo
Desde el Ocupación, avisan: “Con este paso, Canarias pone en peligro los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo”. El noticia remitido por Pubertad e Infancia a la Fiscalía de Menores considera que el protocolo canario vulnera el artículo 39.4 de la Constitución Española, que establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. De la misma forma, siquiera atiende “al interés superior del beocio, obligado en la Carta de Derechos del Chiquillo y carta orgánica”.
Por postrer, en el noticia señalan que “es contrario al Estatutos de Autonomía de Canarias, en la medida en la que esta no se ejerce la competencia monopolio en materia de protección de menores”.
Protocolo en el Boletín Oficial de Canarias
Este jueves, el Boletín Oficial de Canarias publica el protocolo consentido por el Gobierno autonómico, que reivindica defender así el interés genérico del beocio y con el que negociación de destruir con el “desorden” en los procesos de acogida de menores migrantes no acompañados que llegan a las islas.
Dicha iniciativa establece una previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) si contase y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del entraña correspondiente del Estado, previa audiencia al beocio, en presencia de un intérprete de su jerga materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal.
La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, informó este viernes de que investigará un posible delito de desidia si el Gobierno canario no acoge a los niños y jóvenes que llegan en patera al archipiélago.