El Liga Nacionalista Galego (BNG) registró este viernes en el Parlamento la comisión de investigación sobre irregularidades en las contrataciones de la Xunta. Mientras los nacionalistas la presentan como una cruzada por la «transparencia», los populares están seguros de que revelará la «demagogia y la mentira» del discurso de la examen, al servicio del Gobierno central. Una útil con una capacidad cuestionable que, más que para arrojar luz sobre asuntos de interés notorio, funciona como una máquina de producir titulares.
Parece que ahora sí es necesario activar el botonadura, casi nada cuatro meses posteriormente y con más de tres abriles de tiempo por delante. O quizás el BNG se vio acorralado por el revuelo mediático que generó en torno a posibles favoritismos con destino a familiares y allegados de miembros del PP en las contrataciones de la Xunta, conscientes de que no constituir la comisión de forma cibernética equivaldría a asilar que solo buscaban hacer ruido. «Si renuncian a ese derecho por enésima vez», había obvio Alberto Pazos, el portavoz del Asociación Popular el pasado martes tras la votación en la Cámara, Pontón debería «dimitir».
«La fuerza» de los 25
Pero como ya había progresista Pontón, el BNG usó «la fuerza» de sus 25 diputados para registrar la comisión de investigación, siendo el requisito que la soliciten un tercio de los miembros de la Cámara que pertenezcan a un mismo partido, una modificación del reglamento aprobada en 2015 por el PP. Por otra parte de los contratos realizados durante la crisis sanitaria, investigará asimismo un supuesto sobrecoste millonario en la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, y supuestas irregularidades en las contrataciones de la Xunta con la empresa Eulen, donde trabaja la hermana del presente líder franquista de la examen, Alberto Núñez Feijóo. Se prostitución de Micaela Núñez, que entró en la empresa antaño de que su hermano fuese presidente y actualmente es directora de la Zona Noroeste.
Para ello, cuentan con el apoyo del PSdeG, que celebra que, posteriormente de «toda la ensalada de comisiones que se presentaron en esta tiempo», que casi nada lleva medio año en marcha, esta sí se vaya a constituir, como ironizó su portavoz, Julio Torrado. Eso sí, en un intento de no quedarse a la sombra de un BNG que en las pasadas elecciones captó a gran parte de sus votantes, y todavía con el mal sabor de boca de activo tenido los peores resultados de la historia del partido en la Comunidad, quisieron dejar claro que los socialistas llevan «abriles» advirtiendo sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de la Xunta. «Se va a poner en marcha la comisión de investigación que los socialistas pedimos, que demandamos en el primer momento. Esta sí que es importante y celebramos que se entienda que estamos señalando las cosas importantes», esgrimió. Su partido, avanzó, pedirá la comparecencia de familiares de Alberto Núñez Feijóo.
El objetivo de esta comisión, según declaró frente a los medios la líder nacionalista tras registrar su constitución, es «arrojar luz donde el Partido Popular solo quiere que haya oscuridad» y «fiscalizar cómo se están gestionando los capital públicos» de Galicia. Sin retención, ya parecen considerar culpables a los investigados. En cualquier caso, la capacidad de las comisiones de investigación de los parlamentos autonómicos es, como exiguo, cuestionable. No es necesario averiguar mucho en la hemeroteca para encontrar ejemplos que terminaron en nadie. Quizás el caso más mediático sea la de las cajas de capital de 2012, que aún no ha concluido. Se reactivó por tercera vez en 2020 pero, con el fin de la preliminar tiempo, fue nuevamente extinguida.
Otro ejemplo es la comisión de investigación sobre el plazo de un alucinación a Argentina de una agente electoral del PSdeG calibrado antaño de unas elecciones municipales con fondos públicos de la Secretaría de Huida. En 2008, la presión pública obligó al bipartito a aceptar su creación, aunque, de forma contradictoria, a la vez archivó la investigación interna de la Xunta al entender que se siguieron los «trámites habituales», como informó Ep en su día.
Los populares tacharon esa comisión de «paripé» desde el principio, con unas normas aprobadas por quienes tenían mayoría en la Cámara en aquel momento: socialistas y nacionalistas, como marca el reglamento. Finalmente, optaron por padecer la causa a los tribunales. Un caso más nuevo es la comisión de investigación sobre el percance del Marisquiño en 2018, en Vigo. Aunque acabó acudiendo a la Cámara, el Consejo de Estado dio la razón al corregidor, Abel Fiel, que defendió en todo momento que, como cargo tópico, no estaba obligado a comparecer en el Parlamento autónomico. Con el secretario municipal ocurrió poco similar: se ausentó, pero la Fiscalía le dio la razón.
No es un tribunal
Lo primero que hay que tener en cuenta es que una comisión de investigación «no es un tribunal jurídico», y que sus dictámenes en ningún caso son «vinculantes», tal y como destaca en conversación con torrevieja news today Carlos Ruiz Miguel, catedrático en Derecho Constitucional por la Universidad de Santiago de Compostela. Por otra parte, una vez constituida, debe reflectar la composición de la Cámara, por lo que siempre tendrá mayoría el partido mayoritario. «¿Esto qué significa? Que una comisión de investigación puede estar abierta hasta que se termine la tiempo», momento en el que se extinguen las que continúan abiertas. Su resultado es previsible. En su opinión, a esta comisión positivamente no le «augura nadie» más allá de «la aviso de que se ha creado, y la aviso de que el PP bloquea su funcionamiento». En definitiva, una forma de hacer ruido, pero a la que le ve «un itinerario relativamente corto».
Pero que lo más importante de las comisiones de investigación son los titulares que salen por el camino no es nadie nuevo. Por poco el BNG ya ha progresista –lo único que ha aventajado– que pedirá la comparecencia de Rueda y de Feijóo, y que su desaparición sería «una auténtica explicación de culpabilidad», un «escándalo» sin precedentes, incluso. Una valentía que desde el Partido Popular consideran, cuanto menos, «prematura», pendientes aún de conocer el plan de trabajo. «Me parece que hay comparecencias mucho más clarificadoras» a enseres de conocer «cuál era el proceder de unos y de otros», aseguró Pazos.
«Tenemos todo el interés en que se conozca todo lo relacionado con la construcción del Álvaro Cunqueiro y asimismo con la contratación. Creo que tenemos mucho de lo que sentirnos orgullosos y algunos de los que ahora demandan información, mucho de lo que avergonzarse», aseveró, haciendo muestra de esa «tranquilidad» con la que el partido ha dicho en todo momento que se enfrenta a esta situación.
Sobre la investigación, reiteró lo ya dicho en ocasiones pasadas, negando la existencia de ese sobrecoste de 470 millones de euros en la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro que, recordó, se hizo durante una profunda crisis económica. «Las únicas referencias a la palabra sobrecoste que aparecen [en el informe del Consello de Contas] son para evidenciar que no se produjo […] y que la Suministro nunca abonó un sobrecoste», indicó.
Todavía hay tranquilidad en las filas de los populares en lo que a los contratos de la Xunta durante la pandemia se refiere, «fiscalizados dos veces», y los realizados con Eulen. En el primer mandato de Feijóo, recordó Pazos, el valor de los contratos con esta empresa se redujo en un 65% con respecto a la tiempo preliminar, la del bipartito, incidiendo en que «son datos públicos» que puede consultar cualquiera. «Esta comisión de investigación servirá para poner de manifiesto, una vez más, la demagogia y la mentira constante que domina el discurso de nacionalistas y socialistas. Más preocupados, parece ser, por servir de vasallos a Pedro Sánchez y por tapar a toda costa las vergüenzas e la corrupción» del presidente y su Gobierno, aseguró.