Los grupos de PP-A y Vox defenderán el jueves en el Pleno del Parlamento andaluz, el primero del nuevo periodo de sesiones, sendas proposiciones no ley sobre la migración y la situación de los menores extranjeros no acompañados que residen en la comunidad.
En la iniciativa del PP-A, se reclama que el Gobierno central adopten las medidas necesarias para mejorar el control y protección de las fronteras españolas, dotando de los fortuna necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), incrementando el número de agentes encargados de su custodia.
Igualmente se plantea que el Ejecutante doméstico revise y mejores los acuerdos de cooperación con terceros países, especialmente con Marruecos, Senegal y Mauritania, para la colaboración en el control de los flujos migratorios irregulares, «con la fianza de respuesta de estos en la ejecución de los expedientes de devolución que tramitan las autoridades españolas, mejorando los fortuna humanos y personal funcionario para ello».
Asimismo, se reclama al Gobierno que establezca un «fondo de contingencia suficiente para financiar a las comunidades en la atención a los menores extranjeros no acompañados, de tal forma que dote de fortuna desde su acogida hasta su emancipación«.
Se pide a la Comité que demande al Ejecutante doméstico que dote económicamente a Andalucía cada vez que realice un traslado de menores migrantes, o en su caso adultos migrantes que luego resulten ser menores migrantes, con el fin de poder atenderles con los fortuna económicos que necesitan.
Respecto a la proposición no de ley de Vox, se insta a la Comité a exigir al Gobierno central que tramite de forma urgente la «inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como la de todos aquellos inmigrantes que, habiendo accedido legalmente, cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida», y a que tramite de forma urgente la «repatriación de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen con sus padres, familiares o entorno íntimo».
Se demanda a la Comité que se oponga «a la reubicación o acogida en Andalucía de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España, al suponer no solo un enorme pago de fortuna públicos, sino además una amenaza para la seguridad de los andaluces«, y que ponga en marcha todas las medidas necesarias para »asegurar la prioridad doméstico en el paso a las ayudas públicas concedidas por la Comité«.
Otra protesta al Gobierno andaluz es que proceda «al suspensión» de los centros de menores extranjeros no acompañados «que crean inseguridad en las calles, dando prioridad a los más conflictivos» y que mientras sigan abiertos, se establezcan «las medidas e infraestructuras necesarias para asegurar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños».
Vox además pide a la Comité que garantice «la transparencia en cuanto a la inmigración ilegal«, informando detalladamente del número de menores tutelados (momento, sexo y cuna), centros en los que están y coste para la filial autonómica, y que se publique la cuantía de todas »las ayudas percibidas por inmigrantes en situación irregular«.