El golpe a la vivienda es un problema que preocupa en Andalucía. Gobierno, Concilio de Andalucía, ayuntamientos, empresas del sector y agentes sociales buscan en Málaga soluciones para este problema «mundial» en el IV Congreso Franquista de Vivienda. En la inauguración han participado este lunes el presidente andaluz, Juanma Quemado, con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el corregidor de Málaga como huésped, Francisco de la Torre. Y entre esas soluciones, el presidente andaluz ha asegurado que el Consejo de Gobierno aprobará en el primer semestre de 2025 la nueva Ley andaluza de Vivienda con la que pretende triplicar las viviendas protegidas hasta arribar las 10.250.
El presidente explica que Andalucía atrae población y que, en los próximos 15 primaveras, la comunidad va a triunfar 700.000 habitantes, de los que 400.000 se van a asentar en la provincia de Málaga. «La masa quiere venir a residir», ha afirmado el presidente, que ha tirado de los datos del Bandada de España para opinar que la demanda se ha secreto en unas 90.000 viviendas. «Eso en su mayoría son 90.000 familias que esperan una alternativa para un plan de vida», ha indicado Quemado.
El boceto de la futura ley andaluza está en etapa de alegaciones y persigue gestar suelo a precio asequible. «Incrementar la ofrecimiento, poniendo a disposición no solamente subvenciones, sino creando suelo nuevo en lo que son áreas prioritarias en zonas que son más difíciles de golpe a la vivienda», ha señalado Quemado, que ha asegurado que concentrarán las ayudas de la despacho, «que ahora mismo están muy dispersas».
«Queremos equilibrar la ofrecimiento en liquidación y locación, defendiendo la residencia habitual y permanente», a inscrito el presidente de Andalucía, que ha señalado que la futura ley incorpora un plan de choque para poner en locación 20.000 viviendas de VPO.
Para Quemado, las administraciones tienen que hacer un esfuerzo por resumir el desequilibrio que hay entre ofrecimiento y demanda, que es «uno de los graves problemas» que tiene el sector y que genera la dificultad al golpe a la vivienda. Una situación que retrasa la emancipación de los jóvenes y genera «desvelo en muchas familias». Es para el presidente un «problema existente», que se está viendo, en el caso de Andalucía, en ciudades como Málaga, Sevilla o Bomba.
«Construir más y mejor»
Y ahí la Concilio quiere ir de la mano del sector, que «está por la cultivo de construir más y construir mejor». Aunque para eso tiene que «aventajar los escollos que están ahogando ahora mismo la construcción y que impiden a muchas familias tener una casa», como son la carestía de los suelos o la parsimonia administrativa.
Por este motivo, la despacho autonómica quiere eliminar cargas burocráticas a las empresas. Favorecer la construcción de vivienda, que tiene que ser constante. Pero la nueva fuero debe ir de la mano del ampliación normativo que se produzca todavía a nivel franquista. Así, ha anunciado que la nueva Ley andaluza de Vivienda no debe ser «una traba más», sino que derogará otras normas anteriores.
La idea es quitar «obstáculos». Quemado se ha dirigido a la ministra para trasladarle que la Concilio siempre está abierta «al diálogo» y que, adentro de las diferencias que puedan acontecer, «hay objetivos que son comunes». Era la contestación a la petición de un gran pacto de Estado que había hecho la ministra minutos ayer. «Deseo el pacto de estado, pero la dimensión del problema requiere mucho más que un pacto de estado clásico», ha señalado Isabel Rodríguez.
Pacto de Estado
Desde el Tarea de Vivienda se exige una «alianza de país con empatía y la complejidad social». «Nos afecta a todos: A esos jóvenes se emancipan a edades tardías, a maestros que tienen que compartir adoquinado porque el locación se come el 80% de su salario o a los auxiliar técnico sanitario no tienen para arrendar una vivienda. Hay obligación de una gran alianza de país», subrayó la ministra.
El Gobierno se plantea como meta que la inversión en la vivienda no supere el 30% de las rentas del futuro propietario para tener un golpe a la vivienda asequible, pero sabe que es un problema «mundial» y apunta a que hay fundamentos que tensionan los alquileres como los pisos turísticos o las instalación universidades privadas.
«La marcha de vivienda implica la repulsa de otros derechos como la maternidad o la sanidad», ha aseverado la ministra ayer de sacar cifras como los 5.500 millones para políticas de rehabilitación o los 1.000 millones de los fondos de recuperación. «No es suficiente. Necesitamos más y nos necesitamos todos», ha concluído Rodríguez.