El Tribunal Constitucional mantiene en suspenso, de forma temporal, los 16 medios presentados por las comunidades autónomas contra la Ley de Perdón; 15 de ellas son de comunidades gobernadas por el Partido Popular y el restante es Castilla La-Mancha, por parte del socialista Emiliano García-Page.
El motivo de que en este momento estén en suspenso los medios -presentados hace solo unos días- es que el Constitucional ha encargado un documentación a los letrados para estudiar su legalidad. Existen dudas jurídicas de que las comunidades puedan impugnar una ley como ésta ya que no está claro que afecte directamente a su “ámbito de autonomía”.
Fuentes judiciales apuntan a que los 16 medios se van a tener en cuenta a la hora de realizar este documentación para coger las “singularidades” de cada región. Aún así, se esperan argumentos muy similares entre los medios, especialmente en el caso de las comunidades gobernadas por el PP.
El documentación tardará 2 meses
El documentación tardará al menos dos meses, no es vinculante, y probablemente el primer expediente que se lleve a Pleno para lanzarse si se admite a trámite o no será el de las Cortes de Aragón, que fue el primero en presentarse y cuya ponente es la progresista Laura Díez.
Esto ausencia tiene que ver con el resto de medios presentados contra la Ley de Perdón; uno, por parte del PP, y otros tres -que técnicamente son cuestiones de inconstitucionalidad-, por parte del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Honradez de Cataluña.
Sin secuestro, el expediente del PP, que iba a ir a la mesa del Pleno el próximo martes, finalmente sufrirá un retraso. Los populares han incurrido en un defecto de forma: no entregaron correctamente un poder registrado que era imprescindible para la tramitación de las recusaciones que pidió el PP contra varios magistrados. Esto ha provocado que se posponga hasta, al menos, adentro de un mes.
Lo que sí está ya en marcha es la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo. Hace unos días, el Pleno aceptaba por unanimidad su admisión a trámite, tras la contención de Juan Carlos Campo, flagrante magistrado del Constitucional y exministro de Honradez, que llegó a afirmar en varias ocasiones que la gracia es inconstitucional.
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