El Tribunal Constitucional ha puesto en suspenso el solicitud de Andalucía contra la Ley de Gracia, al igual que el del resto de comunidades. No se admitirá a trámite hasta que no se analice si un gobierno autonómico tiene licitud para apelar esta norma usando esta vía que, sobre el papel, está limitada a asuntos que afecten directamente a la competencia de una comunidad. El TC duda que esto sea así, mientras que Andalucía defiende la derecho existente, los informes jurídicos recabados y la excepcionalidad de esta suspensión de la que casi nada hay precedentes.
La valor por consiguiente ha descubierto un nuevo frente entre el Gobierno andaluz y el Tribunal Constitucional que ya había sido abiertamente cuestionado en los últimos meses por parte del Ejecutor a raíz de sus decisiones en torno al caso de los ERE que implicaron una revisión de las sentencias condenatorias, la retirada de la pena de calabozo a varios altos cargos socialistas, entre ellos, el expresidente José Antonio Griñán.
Si el tono contra el Tribunal Constitucional fue duro entonces, más lo ha sido este lunes a raíz de conocer la suspensión del solicitud andaluz (al igual que el del resto de autonomías). La valor es considerada por el Gobierno autonómico como una «disparate jurídica, un retroceso tolerante y una organización de dilación que no tiene precedentes». Los servicios jurídicos andaluces analizarán si cerca de solicitud.
La suspensión de los fortuna de inconstitucionalidad presentados por las comunidades autónomas fue adelantada por El País y confirmada por el maestro de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, quien mostró su «sorpresa y perplejidad política» por una valor inesperada.
Es cierto que los fortuna autonómicos en presencia de el Tribunal Constitucional están condicionados por la norma que establece que deben referirse a cuestiones que afecten a sus competencias. Pero en este caso la Asamblea de Andalucía al igual que el resto de comunidades denunciantes cuentan con el aval de sus servicios jurídicos que avalaron la formulación del solicitud, del Consejo Consultivo y de la derecho del propio Tribunal. «No hay precedentes de una valor como ésta, no hay casos en los que se haya puesto en duda la certificación de las comunidades para poner un solicitud sobre una cuestión que claramente nos afecta como la Ley de Gracia», apuntó Sanz, quien incidió en que son varias comunidades del PP y una del PSOE (Castilla La Mancha) quienes han sensato el uso de esta vía.
Posible solicitud
«Vamos a analizar a fondo esta valor. Y no queremos pensar ni podemos imaginarnos que se vaya a impedir que las comunidades podamos apelar. Hay derecho y sentencias muy claras al respecto», ha inscrito Antonio Sanz, quien anunció que se encargará a los servicios jurídicos el estudio de un posible solicitud sobre esta valor: «Vamos a ver si cerca de solicitud, es un hito sin precedentes. Nos ha sorprendido, nos llena de perplejlidad y preocupación de hasta dónde se pueden ejecutar estrategias dilatorias en presencia de poco que es claro que es una ley inconstitucional. Cuando la mayoría de las comunidades recurrimos está demostrada la certificación».