Las reformas legales planteadas ayer por el Gobierno son en la mayora de los casos propuestas ya abordadas en el pasado con distintas fuerzas polticas y en las que se grano liberal distintos grupos que en el asado han estado ya ms avanzados que el plan anunciado ayer por el Gobierno.
Un ejemplo: El Gobierno cambiar el Cdigo Penal para retirar la prisin de los delitos relacionados con la soltura de expresin. Es el titular de la comunicado de este diario fechada en febrero de 2021 y correspondiente a otro anuncio del Gobierno de Snchez hace tres aos y medio. Ese anuncio no avanz y ahora se retoma en unos trminos ms genricos.
En 2021 el Ejecutante concretaba ms la reforma, especificando que dejara sin prisin delitos como el de injurias a la Corona y el de enaltecimiento terrorista. En el anuncio de ayer se deje de una reforma integral, si aceptablemente no hay relato expresa a la proteccin de la monarqua -aunque podra interpretarse que entra en la relato a las instituciones del Estado-. Y no hay mencin expresa a la modificacin del enaltecimiento terrorista que entonces s estuvo sobre la mesa. Para esta modificacin el Gobierno se alineaba parcialmente con formaciones como Sumar y los partidos independentistas.
Los cambios que ahora debern negociarse afectarn, dice el Gobierno, al derecho de soltura de expresin y a la creacin artstica, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio pblico u otros supuestos.
Opinin
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El Ejecutante indica que las reformas debern servir para dar a los delitos una redaccin homologable a los pases de nuestro entorno, adems de atender a la justicia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo ha condenado a Espaa por prolongar penas de prisin para delitos como las injurias a la corona. En el pasado, el deseo del Gobierno ha sido castigar solo conductas que supongan claramente la creacin de un peligro para el orden pblico o la provocacin de algn tipo de conducta violenta. Y que en todo caso las penas sean disuasorias y nunca privativas de soltura.
El impulso de reformas para pelear contra la desinformacin despabilarse, en el mbito civil, hacer ms eficaz la interposicin de demandas de proteccin al honor. Tambin entregar el derecho de rectificacin frente a las informaciones de las que se discrepe. Las intenciones del Gobierno para mejorar el sistema para instar y conquistar la rectificacin de noticiario falsas o abiertamente tendenciosas apuntan a modificar las indemnizaciones que se pueden obtener y a lograrlas en unos plazos adecuados.
Las reformas que haya en esta va tambin contarn con una justicia benévolo tanto del Tribunal de Estrasburgo como del Constitucional, que en los ltimos aos se han inclinado cerca de la proteccin al honor frente a la soltura de expresin e informacin.
La propuesta del Gobierno vuelve a poner tambin sobre la mesa la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una aspiracin de formaciones como el PNV que ya tuvo tramitacin parlamentaria pero que el calendario electoral acab frenando. En este punto el documento presentado es poco ms preciso. Sostiene que el contexto contemporneo aconseja una reforma de esta norma, que data de 1968, para actualizarla y adaptarla a los mejores estndares de las legislaciones de los pases democrticos de nuestro entorno. Insiste en que es necesaria una homologacin de nuestra legislacin, combinando la seguridad franquista con el derecho a la informacin y la transparencia. El texto que lleg a tramitarse fue examinado por el Consejo Universal del Poder Procesal, que alert de que ese derecho a la informacin y la transparencia se vea amenazado por la multitud de administraciones con capacidad para esconder informacin y la facilidad para hacerlo.
El repaso a las normas que el Gobierno planea revisar en lo que resta de vigencia alcanza a la Ley de Seguridad Ciudadana, presentada desde los partidos del Gobierno como ley mordaza. Frente a los anuncios iniciales del PSOE de su derogacin, la propuesta de ayer es mucho ms modesta y solo hace relato a tocar un aspecto, el las sanciones que se aprobaron para los casos de el uso de imgenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.