El Consejo de Ministros aprobó este martes el Plan de regeneración democrática que prometió Pedro Sánchez tras la investigación legislativo abierta contra su mujer, Begoña Gómez. El presidente del Gobierno hizo esta promesa tras los cinco días de consejo que se tomó el pasado mes de abril para atreverse si le merecía la pena seguir al frente del Ejecutor en presencia de la campaña de acoso que consideraba que existía contra él y su comunidad. El plan es una “hoja de ruta” que tendrá que tener el manido bueno tanto del Congreso y del Senado, donde con antelación no cuenta con los apoyos necesarios para sacarlo delante.
El Gobierno encargará a la Comisión Doméstico del Mercado de Títulos y la Competencia (CNMC) la creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben, en el ámbito de su Plan de Batalla por la Democracia, que presentó ayer el Ejecutor, “para asegurar una viejo transparencia e independencia en los medios de comunicación”.
“Este registro será minucioso y tutorizado por un organismo independiente, y, en ese caso, hemos decidido que sea la Comisión Doméstico del Mercado de Títulos y la Competencia (CNMC)”, anunció el ministro de Civilización, Ernest Urtasun, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En este sentido, el titular de la cartera de Civilización avanzó que se va a “arreglar” dicha comisión con el objetivo de que “pueda contraer esas competencias” y así “establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación, entre otras plataformas, cuya finalidad no es informar”.
Inversión publicitaria
La segunda medida, según indicó Urtasun, es el establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas. “Esta es una información que hoy o no se presenta, o se presenta de forma opaca”, indicó, para a posteriori añadir que a partir de la implementación de esta norma, todas las instituciones públicas deberán anunciar esta información “de forma visible, clara y transparente”.
El Ejecutor además va a arreglar la ley de publicidad institucional, como ya anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para introducir criterios de “transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”. Urtasun aclaró que estos criterios serán elaborados a partir del trabajo con expertos, el sector de la comunicación y los grupos parlamentarios, pero no avanzó que medidas tomarán y como afectarán esos criterios a los medios.
Esta misma ley, según avanzó el ministro de Civilización, será reformada para asegurar que los sistemas de medición de audiencia y la metodología que utilicen cumpla los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad. “Vamos a arreglar la ley para que no se puedan falsear las audiencias incurriendo en prácticas que alteran las visitas reales”, subrayó.
“Estas dos reformas que acabo de mencionar de la ley de publicidad institucional tienen dos objetivos: hacer más preciso el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con fortuna notorio se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las ”fake news”, argumentó el ministro.