La aparición ilegal de personas a España ha puesto al frontera la capacidad de los servicios de acogida de Canarias o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, adicionalmente de protagonizar una parte coste del debate político de este verano. Este martes el asunto le ha estallado al Gobierno en el Congreso, con críticas a su papeleo de la inmigración de una buena parte del portería parlamentario.
Varios grupos políticos han escogido el tema de la inmigración para la sesión de control al Gobierno celebrada en el pleno de la Cámara Quebranto, la primera que ha contado con la presencia de Pedro Sánchez tras el refrigerio veraniego (en la previo el presidente se encontraba de delirio oficial en China).
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido el primero en reprochar al cabecilla del Ejecutor su política migratoria, denunciando el pasta invertido por el Gobierno en la acogida y atención de las personas que llegan ilegalmente a España. «Metálico que no sobra a los españoles», ha reivindicado Abascal.
El presidente de Vox ha mantenido en el Parlamento su discurso de rechazo delantero a la inmigración ilegal y ha avisado de que su partido hará de ello bandera en todas las instituciones en las que está presente. Para las personas en situación irregular, ha defendido, solo hay que destinar fondos para «pagarles el billete de revés a sus países de origen» o comprarles vuelos a Bruselas, «donde viven las élites».
Como es habitual, Sánchez ha rechazado de plano este discurso de Vox: «Le sobran insultos y le faltan ideas, le sobra racismo y le yerro humanidad», ha censurado a Abascal. El presidente ha utilizado adicionalmente para meter al PP en el mismo saco que Vox respecto a «ocurrencias y racismo» con la inmigración, un argumento que han utilizado luego incluso varios de sus ministros.
Ha sido el caso, por ejemplo, de la vicepresidenta primera María Jesús Montero, que ha marcado a «la derecha y la ultraderecha» de tener escogido la inmigración como «campo de batalla» para «el populismo, las falsas informativo y la criminalización» de las personas migrantes.
«Gobierno insolvente»
En cambio, Montero no ha querido aclarar qué sucedió en una reunión celebrada este verano entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y el ministro de Política Territorial, Atractivo Víctor Torres, desvelada por el dirigente popular semanas más tarde y de la que asegura que salió un principio de acuerdo que luego no ha sido cumplido por el Gobierno.
«Es un Gobierno incompetente, prepotente e insolvente. No hacen ausencia. Muchas palabras y muy pocos hechos», ha lamentado Tellado acusando al Ejecutor de «amenazar y chantajear» a las comunidades autónomas y «dar la espalda» a Canarias.
Montero no ha dicho ausencia de ese batalla, pero en cambio ha utilizado para echar en cara al PP su rechazo a la reforma de la ley de extranjería tumbado por el Congreso en el mes de julio, igual que ha hecho poco luego el ministro del Interior, Fernando Magnate Marlaska, cuando la incluso diputada del PP Sofía Acedo le ha marcado de inacción delante la aparición masiva de personas a las costas españolas delante la «desprotección» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El ministro del Interior ha sacado pecho asegurando que la inmigración irregular está «perfectamente gestionada» por el Gobierno y el problema lo representan los menores que llegan solos a España. «Es su negativa aceptar la solidaridad lo que les lleva utilizar la inmigración de forma torticera», ha marcado al PP.
Aviso de Junts
Además ha preguntado por inmigración el diputado de Junts Josep María Cruset, aunque en su caso para reivindicar el traspaso de competencias a Cataluña. Marlaska ha recordado que el control de fronteras y de los flujos migratorios es competencia monopolio del Estado, pero sí hay otras cuestiones relacionadas que podrían ser susceptibles de traspaso tras una negociación entre administraciones.
«Si no cumplen con Junts, ustedes no tendrán lo que necesitan, nuestros siete votos», ha avisado el diputado catalán en una nueva amenaza a la estabilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, que Junts ya demostró ayer impidiendo la tramitación de una ley de Sumar para regular el arriendo de temporada.