El pacto firmado entre el PSC y ERC mediante el cual se concede a Cataluña la cobro del 100% de los ingresos fiscales, en caso de que se lleve a final, tendrá consecuencias para el resto de los españoles, andaluces incluidos. Se haría a costa de subirles los impuestos o de aumentar la deuda publica, ha despabilado este miércoles el catedrático de Posesiones Aplicada e investigador de Fundación de Estudios de Posesiones Aplicada (Fedea), Diego Martínez, durante la presentación de un documentación realizado por el Observatorio Financiero de Andalucía que se posiciona en contra del acuerdo suscrito para establecer un cupo fiscal en Cataluña a cambio de investir como presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa.
El estudio se presenta en vísperas de la reunión programada entre el presidente de la Concilio de Andalucía, Juanma Atezado (PP), este viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), en Madrid, en la que el mandatario regional ha reformista que no negociará bilateralmente sobre financiación autonómica.
Este responsable del Observatorio Financiero de Andalucía sostiene que aún está «por determinar» cómo afecta al resto de territorios que Cataluña salga del presente régimen global de las comunidades autónomas y pase a equipararse con los territorios forales del País Vasco y Navarra, que tienen conciertos o convenios económicos con el Estado para administrar impuestos que se pagan en estas autonomías, recogidos en una disposición adicional de la Constitución Española.
No obstante, a preguntas de los periodistas sobre las consecuencias de este cuo fiscal, Diego Martínez considera que los 25.000 millones de euros que costaría al conjunto del Estado esta suerte de concierto crematístico con Cataluña, estimación realizada por Fedea, sólo se puede compensar de «dos formas»: «subiendo impuestos o aumentando la deuda». Ve poco factible que se reduzcan los servicios básicos, que sería la tercera vía, apunta Diego Martínez, que ha cubo a conocer el estudio realizado por el Observatorio Financiero de Andalucía, yuxtapuesto al presidente del organismo y catedrático de Posesiones Aplicada de la Universidad de Sevilla, Francisco Ferraro, y Rafael Salgueiro, profesor del unidad de Filial de Empresas de la Habilidad de Posesiones y asesor en Organización Empresarial. Todos ellos han ocupado cargos de carácter crematístico con gobiernos del PSOE en la Concilio o el Gobierno central.
Diego Martínez, que entre 2018 y 2020 fue secretario caudillo de Financiación Autonómica y Restringido en el Servicio de Hacienda bajo la dirección de María Jesús Montero, ha aseverado que, aunque a corto plazo, la salida de Cataluña del régimen fiscal global podría dar ocupación a la redistribución de 1.500 millones de euros, «a medio y desprendido plazo sería insostenible» prolongar este sistema.
«El aleteo de una polilla en Cataluña puede producir un tsunami crematístico y financiero en el resto del país», ha subrayado Diego Martínez, quien ejerce como profesor titular en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
Este habituado ha incidido en el hecho de que el presente maniquí de financiación autonómica, que se remonta al año 2009 y que caducó hace diez primaveras, perjudica a territorios como Andalucía, que recibe 183 euros menos que la media franquista en términos de población ajustada, aunque aún están peor financiadas la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.
Rectificación a la totalidad del maniquí de Estado
Este pacto sinalagmático representa «una reforma a la totalidad del maniquí presente» del Estado que va más allá de la financiación autonómica y que requeriría, a proceso de este economista, una reforma de la Constitución Española y un profundo debate en las Cortes.
A modo de prontuario, los citados economistas llegan a las siguientes conclusiones. La discusión de los asuntos abordados en el pacto PSC-ERC debe realizarse en un ámbito multilateral, tanto en el fondo como en la forma, y no sinalagmático, como se ha realizado. Envite por que sean «las personas, y no los territorios, los sujetos y objetos protagonistas de este debate de amplitud franquista» y por aplicar «criterios de equidad y redistribución interpersonal» para rehacer la financiación autonómica.
En el documento distribuido por el Observatorio Financiero se señala que «desde Andalucía debe apostarse por la nivelación completa de las capacidades fiscales de las comunidades autónomas». En este sentido, igualmente ha criticado que la Concilio de Andalucía haya aumentado el desembolso hasta un 13,9% en el año 2023 al tiempo que promueve descenso de impuestos que hacen que tenga una tasa de crecimiento de ingresos tributarios por debajo de la media española y le pide «coherencia».