Un total de 1.500 millones. Es lo que movilizará la Consejería de Probidad con el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, diseñado para construir o reorganizar sedes en el 100% de los 85 partidos judiciales de Andalucía.
El mentor de Probidad, Filial Tópico y Función Pública, José Antonio Nieto, lo ha presentado este miércoles frente a CEACOP en Sevilla donde ha llamado a los empresarios de la construcción a exprimir la «oportunidad de negocio» que supone este plan, ya que sostiene que las más de 160 actuaciones previstas generarán 18.000 empleos a tiempo completo, un retorno fiscal de casi 400 millones para la Filial Pública y una cuota al PIB andaluz de más de 1.100 millones.
El Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que «es ya una sinceridad», se ha diseñado en colaboración de todos los operadores jurídicos para constreñir las evacuación con el objetivo de que «nadie nos pueda opinar que la Probidad no funciona porque las sedes están mal». Pero incluso recogiendo las propuestas de las empresas sobre fórmulas innovadoras para financiarlo.
En los 27 primaveras transcurridos desde que Andalucía recibió las competencias en Probidad, sólo se han hecho 22 sedes judiciales. Un ritmo que no permite solucionar los déficits existentes, según se destaca desde la Consejería.
Las limitaciones presupuestarias han sido tradicionalmente el principal obstáculo para acometer más actuaciones. Por ello, Nieto ha puesto en valencia la búsqueda de fórmulas innovadoras de financiación que por primera vez serán explotadas para desarrollar las más de 160 actuaciones de este plan entre construcciones nuevas, rehabilitaciones de edificios y reformas para mejorar la accesibilidad, la digitalización, la eficiencia energética y la colocación de espacios para adecuar las sedes existentes a las evacuación de la Probidad del s siglo XXI.
Fondos europeos y colaboración público-privadas
Entre estas fórmulas innovadoras de financiación ha destacado que por primera vez se destinarán fondos europeos a obras en edificios judiciales, así como la colaboración con ayuntamientos y diputaciones.
Así, la Consejería ya ha suscrito nueve protocolos y convenios con entidades locales para que éstas asuman la construcción de edificios municipales a cambio de ceder su uso a la Consejería de Probidad durante 30 primaveras cobrando un canon anual con el que no solo recuperarán la inversión, sino que obtendrán un beneficio. Con esta fórmula ya están en marcha proyectos como el de Roquetas de Mar (Almería).
La tercera vía es la colaboración público-privada, en la que Nieto ha querido centrarse frente a un foro de empresarios y que ha defendido «sin complejos, desde la transparencia». Así, ha detallado que es la vía que va a permitir desbloquear grandes proyectos que llevan décadas en el cajón como las Ciudades de la Probidad de Cádiz, Jaén y Huelva mediante una fórmula poco explotada hasta ahora como la concesión de obra pública.
Durante el encontronazo, Nieto ha citado otros proyectos fuera de las capitales cuyas obras ya se han adjudicado como la construcción de la nueva sede de Órgiva, en Ciñuela, a la que concurrieron 13 empresas, o la reforma de los juzgados de Aguilar de la Frontera, en Córdoba.
Ciudad de la Probidad de Sevilla
En otras ha anotado se están ultimando los proyectos de ejecución, con la previsión de iniciar las obras durante 2025, como los nuevos edificios judiciales de Algeciras (Cádiz), Huércal-Overa (Almería) y Villacarrillo (Jaén), la reforma de los juzgados de Montilla (Córdoba) o adecuación de los edificios B, C, D, E y F del campus de Palmas Altas para la Ciudad de la Probidad de Sevilla, que se ha sacado a oferta de forma conjunta por 1.879.491 euros.
«El lucha es que todas las obras del Plan de Infraestructuras Judiciales estén al menos iniciadas en 2030», ha afirmado el mentor, quien ha incidido en que es una oportunidad no sólo para grandes constructoras y consultoras de obra pública, sino incluso para medianas y pequeñas empresas.
Prueba de ello es que más de 60 empresas han concurrido a las licitaciones convocadas hasta ahora, por lo que a sumario del mentor hay interés en el sector gracias incluso a la estabilidad y la seguridad jurídica que ofrece Andalucía.
Para Nieto, el Plan de Infraestructuras Judiciales es un motor de impulso crematístico tanto por la actividad y el empleo que generará como por la contribución que supondrá para mejorar la prestación de un servicio que es «el cimiento de nuestra democracia», ya que cuanto más ágil y eficaz sea el sistema jurídico mejor contribuirá al mejora de una Andalucía líder que atraiga proyectos e inversiones.
El presidente de CEACOP ha agradecido al mentor que haya inaugurado estos encuentros y ha puesto en valencia su exposición ya que ha agradecido que las infraestructuras judiciales son grandes desconocidas para el sector. Ha coincidido con el mentor en que suponen una oportunidad y ha abogado por alcanzar que sean empresas andaluzas quienes desarrollen los importantes proyectos previstos para que la inversión se quede en Andalucía.