La lucha por la composición del tribunal que decidirá sobre los capital contra remisión ha comenzado en el Constitucional con una maniobra que se mira ya con desconfianza en el seno del entraña de garantías. El presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha asumido la ponencia sobre la privación del magistrado y exministro socialista Juan Carlos Campo en el procedimiento de inconstitucionalidad del PP contra la ley de Remisión, en los otros quince interpuestos por comunidades autónomas y en las tres cuestiones de inconstitucionalidad del Tribunal Superior de Rectitud de Cataluña (TSJC). Estas abstenciones se llevarán al Pleno que comienza el martes.
El primero de estos capital, llamado «de inicio» por ser el que marcará la pauta de todos los demás, corresponde a José María Macías, el exvocal conservador del Consejo Militar del Poder Procesal (CGPJ) que acaba de aterrizar en el tribunal. Conforme a la dinámica que se sigue en el TC bajo la presidencia de Conde-Pumpido, el ponente de todos los incidentes relacionados con el procedimiento de inconstitucionalidad es el mismo que lleva el propio procedimiento, lo que implica, como recuerdan fuentes del entraña, que tendría que tener sido Macías, y no Conde-Pumpido, quien asumiera la ponencia sobre las abstenciones. Así sucedió en el pleno de la semana pasada, en la que el magistrado Ricardo Enríquez, ponente de la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo, informó tanto sobre la admisión de la cuestión como sobre la privación solicitada por Campo, que se aceptó sin fisuras.
Sin incautación, esta vez no ha sido así y el propio presidente ha asumido las nuevas abstenciones solicitadas por el exministro en el resto de los capital en los que el magistrado ha pedido apartarse. El movimiento de Conde-Pumpido no iría tanto encauzado a avalar la permanencia del exministro en el Tribunal (se da por hecho que, como en el extremo pleno, se aceptará que se párrafo), sino la propia permanencia de Conde-Pumpido en los incidentes de recusación que habrá que topar a partir de ahora en sucesivos plenos, en los que perdurar una mayoría progresista en el Tribunal es crucial, teniendo en cuenta que sin Campo son merienda miembros.
La cuestión es que Conde-Pumpido se arroga la ponencia del incidente de privación de Campo sin que todavía se hayan abordado las recusaciones instadas en nueve de los 16 capital de inconstitucionalidad y que afectan a Campo, a la asimismo magistrada Laura Díez (ex suspensión cargo de La Moncloa) y al él mismo. Participar en este incidente le abriría la puerta a hacerlo en otros relacionados con el procedimiento principal del PP, entre ellos el que decidirá la recusación de su compañera Díez, que a su vez tendría voz y voto en la del presidente del entraña.
La cuestión no es último: si en un tribunal de 11 (con Campo fuera) en el que sigue habiendo una mayoría de seis progresistas frente a cinco conservadores, Pumpido y Díez no participaran, esa relación de fuerzas se invertiría: cinco de los magistrados serían de perfil conservador y cuatro, progresistas, con el peligro de que se aceptaran ambas recusaciones y que esa misma composición fuera la que decidiera sobre la remisión. Quorum hay, desde luego: ocho miembros en el tribunal serían suficientes para lanzarse. Conde-Pumpido no puede consentir eso, comentan en el TC.
Sin incautación, si el presidente pudiera lanzarse sobre Díez (con la magistrada y Campo ausentes de ese pleno), la relación de fuerzas sería 5-5 con el voto de calidad de Conde-Pumpido, o sea, de él mismo.
Todo esto a gastos de que en futuro, una vez admitido el procedimiento de inconstitucionalidad del PP y se dé traslado a las partes, alguna de ella no recuse a José María Macías, porque si es así y se acepta apartarle se estaría hablando ya de un tribunal de ocho, suficiente para lanzarse con un 4-4.