La Fiscalía Superior de Canarias ha presentado este miércoles, delante la Sala de lo Contencioso Funcionario del Tribunal Superior de Jurisprudencia de Canarias (TSJC), un apelación contencioso-administrativo contra el protocolo territorial de admisión de menores extranjeros migrantes no acompañados en Canarias del pasado 12 de septiembre.
La Fiscalía entiende que el protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad agradecido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Escuincle, así como el derecho fundamental a la integridad recatado agradecido en el artículo 15 de la Constitución.
En un comunicado detalla que en el mismo apelación, se solicita al TSJC como “medida cautelarísima” la suspensión del protocolo, ya que su ejecución supone la “marcha de atención inmediata” a la situación de desamparo cédula en los menores que lleguen desde el mar a las costas del archipiélago.
El nuevo protocolo permitido por el Gobierno canario implica que ayer de la entrega del pequeño a las autoridades de las islas se exige su previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) si contase, y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del entraña correspondiente del Estado, previa audiencia al pequeño, en presencia de un intérprete de su idioma materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal.
Confirmada la disponibilidad de plaza, la admisión del pequeño por la Comunidad Autónoma que entreguen los funcionarios del Estado será hecha en las comisarías de la Policía Autonómica de Canarias o, donde no existan, en los lugares habilitados.