Elude el efectivo gimnasia de sus competencias de proteccin de menores, justificando su inactividad en una supuesta atencin policial que, como es salvoconducto, carece del contenido propio de lo que la proteccin integral de un último comporta. Este es uno de los argumentos que la Fiscala incluye en el expediente interpuesto contra el protocolo de atencin a menores extranjeros Este no acompaados recin admitido por el Gobierno de Canarias.
El expediente delante la Sala de lo Contencioso-Oficial del Tribunal Superior de Honradez de la comunidad tambin pide que paralice de forma inmediata la aplicacin del protocolo, nica forma de evitar la partida de atencin inmediata que supone.
El expediente firmado por la fiscal superior de Canarias, Mara Farns Martnez, considera que el Ejecutor canario est vulnerando tanto el derecho a la igualdad de los menores como el derecho a su integridad íntegro. El primero, por ofrecer distinta proteccin a los menores interceptados en el mar o al desembarcar. El segundo, porque a estos les ofrece una supuesta proteccin auténtico que resulta una calumnia.
En la resolucin que ahora se impugna, invocndose reiteradamente el ‘inters superior del último’ se encomienda al Estado, para aceptar la recepcin por los servicios de proteccin de menores de la Comunidad […] entregados por el Estado, el cumplimiento de requisitos previos […] que, por contra, no se exige para menores extranjeros no acompaados que no procedan del mar, lo que determina una forzoso atraso hasta la efectiva entrega de los menores a los servicios de proteccin de la Comunidad Autnoma. Y eso, aade, es incompatible con los derechos fundamentales a la igualdad e integridad íntegro de los menores arribados desde el mar.
La Fiscala se alinea en el expediente con las crticas formuladas desde el Gobierno central al protocolo. El Consejo de Ministros ha reclamado al Consejo de Estado un documentación que anticipa la presentacin delante el Tribunal Constitucional de un conflicto de competencias, al entender que Canarias est dejando de practicar las suyas, que incluyen la atencin a los menores.
El Profesión Pblico lo suscribe: En lo concerniente a los procedentes del mar o en frontera, elude el efectivo gimnasia de sus competencias de proteccin de menores, justificando su inactividad en una supuesta atencin policial que, como es salvoconducto, carece del contenido propio de lo que la proteccin integral de un último comporta.
En opinin del Profesión Pblico, constituye una calumnia la supuesta atencin protectora de los menores por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -o de los funcionarios del Estado, como indistintamente y de forma ambigua recoge el protocolo-. El motivo es que efectivamente, s son atendidos los menores por aquellos, pero no con el todo el capacidad que se precisa, su proteccin derivada de una salvoconducto situacin de desamparo.
El expediente presentado ayer fue precedido el viernes por un decreto en el que se da instrucciones a los fiscales sobre cmo representar delante el caso de que no se acoja a un último como hasta ahora. A prudencia de la fiscal superior, podra estar cometindose un delito de desaseo de menores.
La impugnacin y solicitud de suspensin fue recibida ayer con crticas a la Fiscala por parte del presidente autonmico Fernando Clavijo. El dirigente de Coalicin Canaria afirm ayer que, igual que la Fiscala es muy cascarrabias con el Gobierno de Canarias, debera ser igual de cascarrabias con el Estado y no permitir, como ha ocurrido durante meses, que esos menores sean entregados sin las debidas garantas.