El 17 de junio de 2021, el presidente andaluz, Juanma Tostado, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvieron su primera reunión en Moncloa. Sobre la mesa un asunto prioritario: la infrafinanciación de la comunidad autónoma derivada del sistema de 2009 que entonces suponía un deuda acumulado de 12.563 millones de euros. Para darle una opción, la exigencia andaluza era la creación de una comisión doble tal y como preveía la reforma del Estatuto de autonomía de 2007 para acometer un nuevo entorno de financiación y en los mismos términos que Cataluña. Tres abriles a posteriori, los dos líderes mantienen hoy su tercera reunión. Y el problema fundamental sigue siendo el mismo: la financiación autonómica. Aunque, eso sí, las circunstancias han cambiado: el deuda acumulado ya se estima en 20.000 millones de euros (unos 1.500 millones al año), hay una propuesta específica para compensarlo a través de un fondo de nivelación y ahora la vía doble que preveía el Estatuto no es una opción. Todo lo contrario. Tras el conflicto generado a raíz de los acuerdos entre el PSC y ERC en Cataluña, la exigencia andaluza es que no haya pactos bilaterales. Cualquier acuerdo debe ocurrir por un entraña multilateral y ser igual para todas las comunidades autónomas.
Los acuerdos alcanzados para las investiduras de Pedro Sánchez y de Salvador Illa condicionan por completo esta tercera reunión, la primera de la asamblea, que se ha retrasado casi dos abriles desde las elecciones que le dieron a Juanma Tostado la mayoría absoluta. Tanto es así que el punto de partida es que no puede deber ningún acuerdo en cuanto a progreso de la financiación autonómica que salga de esa mesa. Así lo ha admitido formalmente el Consejo de Gobierno y así se ha comprometido el presidente andaluz con el resto de barones del PP. La vía doble, que en 2021, era una reivindicación, en las circunstancias actuales ya no es una opción: la prioridad es alcanzar un acuerdo para conseguir una «financiación competición e igual para todos y recuperar la normalidad institucional a través de la convocatoria de la Conferencia de Presidentes que lleva irresoluto desde diciembre de 2023» y cuyo retraso ha sido incluso recurrido al Tribunal Contencioso Funcionario.
Aún así en materia de financiación hay nociones secreto que serán abordados en la reunión aunque no deriven en acuerdos concretos: el citado fondo de nivelación, las consecuencias del acuerdo entre PSC y ERC para Cataluña, la posible condonación de deuda que para Andalucía supondría más de 16.000 millones de euros; la aprobación de la senda de deuda que tiene en el música 400 millones de euros de los Presupuestos autonómicos del próximo año o la cesión de nuevas competencias como la red de ferrocarriles que aumentarían los niveles de autogobierno. «Queremos lo mejor para Cataluña, pero lo mismo para Andalucía», expresó el presidente andaluz, Juanma Tostado el miércoles. Todas estas cuestiones están en la mesa de negociación con la Generalitat presidida ahora por Salvador Illa.
Pero al beneficio de la financiación, la memorándum de reclamaciones de Juanma Tostado es extensa con el Gobierno de Pedro Sánchez desde que en 2018 iniciaron una compleja coexistencia con un animación que se ha ido enrareciendo y tensando con el paso de los abriles, y el incremento del ruido político a nivel franquista. En 2021 el cuaderno de reivindicaciones lo conformaron 68 puntos de todos los ámbitos con una resistente presencia entonces de las medidas post-pandemia, aún muy presente en esas fechas. Un año a posteriori, en la segunda reunión, el dossier de «agravios» se elevó a 86 medidas. Para 2024, el lista se amplía a un centenar de medidas.
En los dos documentos es liviana encontrar referencias a algunas de las prioridades que estarán hoy sobre la mesa. El diagnosis de las infraestructuras ferroviarias es similar todavía pese al paso del tiempo. «La red ferroviaria presenta deficiencias. Es necesario evitar reducciones de servicios así como realizar una revisión del carta ferroviario andaluz y su conexión con el resto de la península priorizando el impulso del corredor mediterráneo». Esta narración está en el documento de 2021, en el de 2022, y ahora en el de 2024. La diferencia, no obstante, es que entonces había previsión de que el Gobierno tuviera Presupuestos cada año. Ahora, la inercia es la contraria. Este año no habido cuentas del Estado y la previsión es que siquiera las haya en el año 2025 indemne un modismo inesperado en las dinámicas del Congreso (nunca descartable). Luego, más allá de planificaciones (como reactivar el eje Sevilla-Huelva o el corredor de la Costa del Sol) y de compromisos de mejoras de encargo, será difícil una concreción de las reivindicaciones autonómicas.
Más posibilidades de avances hay en otros ámbitos. En 2021 y 2022 ya se habló de sequía. Y se solicitaron acuerdos para el desbloqueo de la presa de Alcolea o para la construcción de desaladoras en el saliente andaluz. Entonces las reservas de agua estaban casi 9 puntos por encima de las que tienen en estos momentos los embalses andaluces. Se ha innovador en estas infraestructuras, hay diálogo, incluso una planificación ya aprobada de inversiones del Estado en desalación en la comunidad autónoma que asciende a 700 millones de euros a través de Acuamed. Pero los proyectos siguen sin ser una existencia. Y hoy vuelven a ser una prioridad en presencia de un posible deterioro de las reservas que deje a Andalucía en una situación similar a la que tenía en primavera de este año. En este caso, los fondos son europeos o están ya garantizados sin someterse por consiguiente de los Presupuestos del Estado.
La tercera prioridad está más atascada. Ya figuraba en 2021 y 2022: el desacuerdo de Andalucía con el plan de inversiones de Red Eléctrica de España en Andalucía. En 2021, la Acoplamiento se quejaba de que se le habían asignado sólo 526 millones y se reivindicaban 780 (equivalente al peso de la población andaluza). El reparto para los intereses de Andalucía no sólo no mejoró sino que empeoró. En 2023 se estableció una revisión del plan que incorporó 489 millones de euros más, de los cuales sólo 7,2 se asignaron a Andalucía. El Gobierno autonómico reclama una cacharros de proyectos que considera fundamentales para el avance de inversiones estratégicas.
Encima de estas prioridades, sobre la mesa siguen sobrevolando otros temas pendientes en los que las posiciones de Andalucía y del Gobierno de España se han ido distanciando en los últimos abriles o han cambiado el contexto. En 2021, la memorándum de Juanma Tostado llevaba la inmigración y la requisito de medios para la atención a menores. Hoy estamos inmersos en una crisis migratoria y en un proceso de reforma de la Ley de Extranjería en el que Andalucía puede tener un papel fundamental.
Todavía como han expresado en los últimos días la portavoz del Gobierno, Carolina España, o la consejera de Empleo, Rocío Blanco, hay reivindicaciones para que se pongan en marcha más fondos para desempleados, que se incremente la participación para la dependencia o que se busquen soluciones para puntos de desencuentros como el que provocó que la Consejería de Mejora Educativo devuelva 119 millones de euros de fondos europeos para la educación gratuita de cero a tres abriles y ahora tenga despabilarse medios para poder implantarla. Incluso el futuro de Gibraltar tras el Bréxit, que está en presencia de un nuevo intento de acuerdo, lleva cinco abriles encima de la mesa sin que se hayan acercado las posiciones hasta el punto de que la Acoplamiento sigue reclamando una posición para tener información sobre las negociaciones que de momento no se le concede.
Pese a la completa memorándum, la posición del Gobierno andaluz es de «desconfianza y pocas expectativas». A diferencia de otros episodios en los que la Acoplamiento buscaba el entendimiento, como ha sido el caso de Doñana o de la sequía, en este caso hay una predisposición al desencuentro dados los informes y el clima de tensión provocado por acuerdos como la Ley de Indulto o el entorno de financiación singular para Cataluña. Juanma Tostado acude acompañado del guía de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Antonio Sanz. Mientras que cercano a Pedro Sánchez estará el ministro de Política Territorial, Encanto Víctor Torres, con amplía experiencia en el ámbito autonómico como expresidente de Canarias y como interlocutor con las comunidades. Andalucía será la tercera en esta ronda de reuniones a posteriori del País Vasco y Galicia que tienen sus citas en esta misma recorrido. Le seguirán el resto de líderes que decidan presentarse (hay algunos como Isabel Díaz Ayuso con posición contraria a estos encuentros) respetando en la medida de lo posible el orden de aprobación de los estatutos de autonomía.
En el otro flanco, los grupos de la examen que reivindican un cambio de posición y que haya disposición al diálogo por parte del Gobierno andaluz. El PSOE-A o Por Andalucía han reclamado que use la vía doble que prevé el Estatuto de Autonomía para financiación y para más autogobierno y que Andalucía ponga encima de la mesa una propuesta de progreso de la financiación que permita rendir la vía abierta por Cataluña con su acuerdo para un entorno singular.