El TSJC podría pronunciarse hoy al respecto. Este protocolo establece una serie de trámites que ralentizan la acogida de menores migrantes. La Fiscalía Superior de Canarias ha solicitado la suspensión inmediata del nuevo protocolo de atención a menores migrantes no acompañados, suficiente recientemente por el Gobierno regional, al considerar que vulnera derechos fundamentales. El Empleo Sabido ha presentado este miércoles un expediente frente a el Tribunal Superior de Ecuanimidad de Canarias (TSJC), exigiendo medidas cautelarísimas que paralicen el protocolo de forma urgente, ya que “su ejecución supone la desaparición de atención inmediata a la situación de desamparo” en la que se encuentran los menores al lograr a las costas canarias.
Este protocolo, impulsado por el Ejecutante de Coalición Canaria y el Partido Popular, establece una serie de trámites policiales y administrativos que ralentizan la acogida de los menores migrantes, poco que, según la Fiscalía, incumple con el principio de igualdad recogido en la Constitución Española y la Convención de los Derechos del Escuincle.
Un protocolo polémico
El protocolo, que fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el jueves de la semana pasada, establece que los menores migrantes deben advenir por un proceso de identificación policial, ser inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y esperar una resolución administrativa que asigne su ubicación. Solo entonces, el Gobierno autonómico podrá confirmar la disponibilidad de plazas en los centros de acogida. Este proceso ha sido criticado por la Fiscalía, ya que, según subraya, “permite la permanencia de menores en centros policiales, retrasando su entrada en los centros de protección adecuados”.
Adicionalmente, el Empleo Fiscal ha señalado que el protocolo no contempla el impacto psicológico que estos trámites pueden tener en los menores, especialmente en aquellos que han llegado solos y tras experiencias traumáticas.
María Farnés, fiscal superior de Canarias, ha sido elocuente al afirmar que no existe argumento para someter a los menores a este proceso, ya que “la ley establece que deben estar en centros de acogida adecuados desde el primer momento”.
Tensión entre el Gobierno central y el autonómico
El expediente presentado por la Fiscalía llega en un momento de creciente tensión entre el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, y el Gobierno central. Clavijo dejó adivinar que el protocolo podría tratarse de una medida para forzar la intervención del Estado: “Si este revuelo ha conseguido que el Gobierno de España y el Partido Popular se sienten, bienvenido sea”.
Desde el Ejecutante central, la respuesta ha sido elocuente. Este martes, el Consejo de Ministros dio el primer paso para tolerar el protocolo frente a el Tribunal Constitucional, argumentando que invade competencias estatales y discrimina a los menores migrantes.
Pedazo de pan Víctor Torres, expresidente de Canarias y contemporáneo miembro del Gobierno central, declaró este viernes en una entrevista en COPE Canarias que los informes jurídicos del Gobierno de España son claros al señalar que el protocolo “otorga competencias al Gobierno autonómico que no tiene y vulnera la Constitución”. Torres aseguró que, si no se llega a un acuerdo, el asunto será llevado al Tribunal Constitucional. “Este protocolo discrimina a un beocio extranjero respecto a otro que no lo es”, añadió Torres, respaldando la postura del Ejecutante central.
Audacia sumarial irresoluto
El futuro del protocolo canario está ahora en manos del Tribunal Superior de Ecuanimidad de Canarias, que tiene un plazo original de 48 horas para osar si acepta la petición de la Fiscalía y suspende de forma cautelarísima el documento. De momento, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Chupatintas, con sede en Santa Cruz de Tenerife, no ha emitido un pronunciamiento oficial. La intrepidez podría lograr a lo dilatado de este viernes o en los próximos días.
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