El Gobierno de España asegura que estudiará las 100 propuestas trasladadas por parte del presidente del Gobierno de Andalucía, Juanma Atezado, que son similares a las planteadas en 2021 y 2022, y garantiza que Andalucía tendrá más capital del sistema de financiación en 2025 y un decano apoyo, si es necesario, para la atención a los menores inmigrantes. Esa es la respuesta que el ministro de Política Territorial, Atractivo Torres, dio a la queja del presidente andaluz de haberse ido con «las manos vacías y sin ningún compromiso concreto» de su reunión en Moncloa.
Torres admitió que no se ha hecho ninguna propuesta concreta en materia de financiación o quita de deuda a Andalucía, ni a ninguna otra comunidad, cedido que son cuestiones que se abordarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No hubo luego, como preveían los presidentes del PP, ninguna propuesta concreta que intentara dividir sus posiciones. «Todo se abordará de acuerdo con la multilateralidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la bilateralidad que permiten los Estatutos de autonomía», resumió el ministro que actuó como portavoz del Ejecutante, quien siquiera avanzó en las consecuencias que pueda tener para las comunidades el ámbito de financiación singular catalana.
El único compromiso en financiación es el anunciado: habrá más billete en el sistema en 2025 y luego más capital para repartir de los que se verán beneficiadas todas las comunidades, incluida Andalucía. Pero sin cambiar los criterios de distribución. «Con Pedro Sánchez se ha cogido un récord de transferencias a las comunidades autónomas, incluida a Andalucía», apuntó.
Torres hizo un repaso a medidas realizadas por el Gobierno central en Andalucía en los últimos abriles, mencionando inversiones en la Ingreso Velocidad, transferencias de fondos europeos o actuaciones en la lucha contra la sequía. Pero puso la condición fundamental para seguir avanzando: «Nosotros hemos tendido la mano para sacar los Presupuestos del Estado de 2025, que permitirán la ejecución de nuevas inversiones, y para aprobar la senda de obligación que en el caso de Andalucía supondrán más de 800 millones de ganancia en los próximos dos abriles, 1.000 si se suma lo que se ha perdido ya en 2024».
Torres, interlocutor del Gobierno con las comunidades en política migratoria, mostró eso sí disposición a estudiar las demandas de Andalucía, «como ocurrió en 2018 con la precedente crisis migratoria». Aunque subrayó que la presión está ahora sobre Canarias o Ceuta y que para dar una respuesta adecuada es fundamental la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería, tumbada en julio por el PP, Vox y Junts. Andalucía se ha quejado en repetidas ocasiones de que esa forma no la incluye como zona fronteriza y luego no le da cobertura del plan de contingencia en caso de que haya saturación de sus centros de atención a los menores inmigrantes.