Auténtica ingeniería social y encaje de bolillos emplearon desde el aludido Gobierno de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig -una política capitaneada por Compromís- para avanzar en la inmersión gramática del catalán en el sur castellanohablante de la provincia de Alicante. Entre otras estrategias, hubo una «aplicación lenta.
Como la Ley de Plurilingüismo -ahora derogada por el Ejecutante de Carlos Mazón– establecía un confín mayor final de tiempo para su aplicación, los planes experimentales tenían como objetivo permitir que algunos centros optaran por adelantarse, nunca por retrasarlo.
No obstante, «la patraña fue hacer creer que eso se podía utilizar para retrasar», con el apaño de convencer a las familias de que votaran a beneficio en el Consejo Escolar para precisar el Plan Lingüístico de Centro (PLC), porque a sus hijos no les aplicaría, ya que entraría en vigor en las siguientes promociones de alumnos, relata un profesor que vivió aquel proceso en la Vega Desvaloración.
La tensión era creciente y palpable: esta comarca se convirtió en un polvorín contra las imposiciones idiomáticas en las aulas, con manifestacionesmultitudinarias de miles de personas en Orihuela, entre otras ciudades.
«Los padres deliberaron en los Consejos Escolares sobre poco que no les iba a afectar a sus hijos, sino a los que vinieran detrás», abunda este profesor, que recuerda como paradigmático el caso de una hermana que tras haberse mostrado como una «destacada promotora de la defensa de la sinceridad gramática, cuando supo a través del director que lo que se votase en ese consejo escolar no iba a afectar a sus hijos, que iban a continuar la escolarización en castellano sin longevo problema, votó a beneficio para resultar más agradable a los luceros de la dirección del centro».
Con esta dinámica, se provocaba en la ejercicio una doble injusticia, una por ese egoísmo de ofrecer la sinceridad de dilema de los alumnos de otras familias a cambio de subsistir a menos con los suyos. Y todavía porque «se estableció una segregación, ya que la ofrecimiento se hizo sólo a una comarca de predominio castellano, la Vega Desvaloración, con el fin de dulcificar la ley y desactivar la respuesta de los padres que se preveía espacioso», analiza este docente.
Así fue, con esas protestas en las calles. Y el agravio caldo porque esa propuesta de elegir el sistema de alguna guisa aplazado «no se hizo a las demás zonas, porque, a todo esto fue una ofrecimiento verbal, nunca por escrito: y de esta forma había castellanohablantes a los que se les permitía una aplicación lenta y a otros la fijada por la ley».
Como ejemplo, un discente que estuviera en segundo curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) el año que se aprobaron los pocos planes experimentales en Orihuela no tuvo nunca ninguna asignatura en valenciano hasta finalizar el instituto. En cambio, otro adolescente del mismo curso, pero de la zona castellanohablante de Castellón, «vio que se le imponían asignaturas en valenciano e inglés a partir de la aprobación de los PLC y hasta que terminó Bachillerato».