La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto iniciar este jueves de esta nueva semana el inteligencia promovido contra el exdirector caudillo técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y el exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, por presuntos delitos de prevaricación y malversación derivados de la contratación «injusta y arbitraria» del citado ex primer regidor en la Faffe, de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola «afinidad y vinculación personal y política» entre entreambos.
Hace puntual un año, la Audiencia de Sevilla condenaba a Fernando Villén a seis primaveras de mazmorra por un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial en concepto de inductor, por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Agrupación de Andalucía.
Con relación a este otro caso a decidir esta semana, el magistrado de refuerzo del Curia de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, exponía en su utilitario de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado que «de las diligencias practicadas se desprende la existencia de serios indicios racionales de criminalidad que permiten atribuir a los investigados Fernando Villén Rueda y Antonio Torres García billete en la comisión de delitos de prevaricación y malversación».
Concretamente, el magistrado relataba que a posteriori de que Antonio Torres perdiese la Alcaldía de Lebrija en las elecciones municipales de 2003 tras 24 primaveras en el poder, habría solicitado al entonces director caudillo técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo su «colocación en la Faffe, a lo que Villén accedió promoviendo en su gracia un novedoso cargo directivo, inexistente en efectividad, que diera satisfacción a las condiciones de contratación indefinida y salario solicitadas« por el ya exalcalde socialista de Lebrija.
Sin formación ni aptitudes
Todo ello, pese a que Torres García «carecía de formación y aptitudes para aceptar funciones correspondientes a dicho nivel profesional» de directivo.
Así, y según el magistrado instructor, el exalcalde de Lebrija «fue contratado el 1 de julio de 2003 con un entendimiento de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con vencimiento de género 1 de diciembre de 2004, como directivo, con una retribución total de 46.750 euros anuales, encontrándose de reincorporación como empleado en la Faffe hasta la agonía de ésta y su integración en mayo de 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)».
La contratación, según el magistrado instructor, se produjo, «sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar«, es afirmar «de modo injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto, y de modo contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación, de conformidad con la propia legislatura».
«No existe ninguna documentación que revele un imperceptible cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la selección y contratación de personal, ya sea técnico o directivo, por parte de una fundación pública como la Faffe», determina el magistrado instructor.
A ello se suma, según precisaba el magistrado en el utilitario, que el organigrama chupatintas de la Faffe «no contemplaba puesto directivo alguno al que pudiera ingresar» el exalcalde investigado, por lo que el otro encausado «morapio a crear uno ‘ex profeso’ que denominó Dirección de Relaciones Externas», un sección que »era en efectividad inexistente, de modo que carecía de estructura, funciones y contenido efectivo; sin sede física, ni oficinas, ni despachos, ni personal adscrito».
No iba a la sede de la Faffe
De hecho, el magistrado avisa de que el exalcalde «ni tan siquiera acudía a la sede de la fundación, ni desempeñaba trabajo alguno (era desconocido por otros trabajadores y directivos), aunque se procuró tarjetas de entrevista o presentación», de forma que «la escasa actividad realizada, limitada a puntuales contactos con algún político o autoridad», la llevó a límite «siempre» desde su domicilio «y con medios propios, ordenador y cuenta de correo electrónico genérica y gratuita».
Como resultado, «el investigado Antonio Torres habría estado ocupando un puesto de trabajo de nivel superior, inexistente en la ordenamiento de la Faffe, sin un cometido concreto y, en definitiva, sin desempeñar una ocupación verdadero, con la saludo y aceptación de Fernando Villén, lo que habría permitido a Torres García percibir 491.203,03 euros» hasta 2020, «sin que conste que trabajara verdaderamente, disfrutando adicionalmente de los beneficios de un reincorporación ficticia en la Seguridad Social, y a la postre integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo tras la agonía de la Faffe, sin más mérito que su afinidad y vinculación personal y política con Villén Rueda», resume el magistrado, que así ordena continuar las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado.
Merced a tales presuntos hechos, la Fiscalía reclama para Fernando Villén cuatro primaveras de prisión por un supuesto delito de malversación y diez primaveras de inhabilitación exclusivo por un posible delito de prevaricación; mientras para el exalcalde de Lebrija reclama dos primaveras y medio de prisión por malversación y cuatro primaveras de inhabilitación por supuesta prevaricación.