Pasó el tiempo de las advertencias. Año y medio luego de que el junta de Santiago regulase la existencia de las viviendas de uso turístico (VUT), prohibiéndolas en buena parte de la ciudad, el concello ha tomado cartas en el asunto para impedir la actividad que algunos de estos alojamientos mantenían. Los primeros precintos efectivos tuvieron oportunidad el pasado martes, cuando tres de estos negocios ubicados en el mismo edificio de la zona monumental fueron clausurados. La medida pilló desprevenidos a muchos propietarios —en la renta gallega había más de 800 inmuebles dados de incorporación en el registro de la Xunta— que no solo se exponen a la clausura de sus viviendas, sino a multas de hasta 10.000 euros e incluso al corte de los suministros. Sobre la polémica, el concejal de Urbanística, Iago Lestegás (BNG), afirmó que Raxoi «hará cumplir la norma» y animó a quienes aún no lo hayan hecho a descender la persiana definitivamente bajo la amenaza de que «cualquier vivienda que tenga una orden de cese de actividad incumplida en Santiago puede ser precintada». La reacción de los perjudicados, más de 600 descontados los que cumplen con los nuevos requisitos impuestos por el concello, no se hizo esperar.
En declaraciones a torrevieja news today, el portavoz de Aviturga en Santiago, Óscar Soneira, se preguntó cuál es el criterio que el junta utiliza a la hora de remitir la consabida demanda de cese de actividad. «El concello remitió 220 ceses de actividad y hay 810 VUT registradas en la Xunta« arrancó el propietario, que se queja de que nunca ha habido un plan para inspeccionar todos los pisos turísticos que no contaban con la autorización del Gobierno gallego y que, sin secuestro, operaron sin problemas en la ciudad durante primaveras. »El caso es que ahora las órdenes de cese son con suspensión cautelar de actividad en cinco días, lo que implica que aunque alegues, tienes que cerrar« expone Soneira frente a la medida.
En el ojo del huracán está el plan urbanístico suficiente en febrero de 2023 por el Gobierno socialista de Xosé Sánchez Bugallo, que cuando se votó en pleno no parecía atraer a la presente alcaldesa. En aquel momento, la modificación que veta las VUT en la almendra de la ciudad y las limita a bajos y primeros en la zona nueva salió delante gracias a los votos a crédito del PSOE y de Compostela Aberta, con la llamativa (a toro pasado) inhibición del BNG y el voto en contra del PP. Sin secuestro —y pese a las promesas más o menos veladas que algunos propietarios le afearon— el ejecutante de Goretti Sanmartín no reguló, tras su presentación al poder, aquellas viviendas que funcionaban ayer de la aprobación del nuevo texto y que sí contaban con la inscripción en el registro autonómico.
Batalla sumarial
«El plan está recurrido en los tribunales porque nos parece de risa« manifiesta Soneira sobre el documento de la discordia. A su entender, la nueva norma no regula los usos preexistentes (es opinar, a quienes operaban ayer de la modificación) tal y como se indicaba en uno de los apartados del PXOM. Adicionalmente, censuran, »regula el inquilinato turístico por habitaciones, que es ilegal en Galicia«. Los afectados por los cierres masivos de las VUT asimismo se quejan de que el inquilinato por sesenta días que contempla la nueva norma no es aplicable todavía y recuerdan, frente a la ataque puesta en marcha por el concello compostelano, que la nueva norma aún requiere la aprobación definitiva tras el término del período de alegaciones. »Aviturga y muchos propietarios han alegado, solicitando encima respuesta individualizada y motivada« detallan.
El enfrentamiento por el futuro de cientos de VUT marcó el paso esta semana en la ciudad y obligó a los responsables locales a manifestarse en varias ocasiones. Su hoja de ruta, invariable. En unas declaraciones de este viernes, el concejal del ramo insistió en que cualquier asfalto turístico que funcione incumpliendo la norma tiene que cesar su actividad «sin esperar a que el concello se lo ordene, como pasa con cualquier otra actividad». La sinceridad es que solo entre julio y agosto de este año, el junta de Santiago ordenó la suspensión de uso de más de 220 pisos turísticos ilegales. «Nosotros vamos a seguir actuando, usando todas las herramientas que la ley pone a nuestro ámbito, no solo los precintos sino asimismo las multas coercitivas, que es otro mecanismo de ejecución forzosa, y la ley asimismo prevé que se pueda ordenar la suspensión de suministro de agua y de luz« quiso dejar claro el responsable de Urbanística frente a la situación en la que quedan cientos de propietarios que estaban a retraso de una respuesta sumarial para conocer el futuro de sus negocios.
Pocos pisos e igual de caros
El objetivo de la límite de los pisos turísticos, llevan meses justificando desde Raxoi, es solucionar el problema habitacional que padece la renta. Con los alquileres disparados no solo en el tope municipal sino en toda el ámbito metropolitana, la idea era que buena parte de los inmuebles dedicados al inquilinato turístico volverían, tras el veto, a la bolsa tradicional de arrendamiento. Pero por el momento, y atendiendo a las cifras expuestas, no está siendo así. Ni hay más viviendas en inquilinato en la renta, ni los precios han bajado.
La renta gallega tiene unas 225 viviendas en inquilinato a día de hoy, «las mismas que hace un año y hace dos, pero con precios más elevados«, denuncian desde la Tratado Galega de Empresas Inmobiliarias sobre la sinceridad en la ciudad gallega. »El sorpresa del veto a las VUT en el mercado del inquilinato es cero. Las personas que han dejado de alquilarla como turística la han cerrado o la han puesto en traspaso«, llevan tiempo avisando desde la Fegein, que considera que la alternativa al cuello de botella de la vivienda en Santiago pasa por construir más vivienda pública y por donar fiscalmente a los propietarios. Con 7.000 inmuebles vacíos en el municipio, reprochan, clausurar 600 pisos es ineficaz.