El campo cordobés tendrá paz social durante poco más de dos primaveras. El acuerdo cogido la semana pasada por Asaja, COAG y UGT para la renovación del convenio colectivo del campo de Córdoba (el aludido caducó en 2023) supone mejoras salariales y sociales, encima de las condiciones laborales de los trabajadores agrarios según aseguran las organizaciones firmantes. El documento, al que ha tenido golpe torrevieja news today, no cuenta con el aval de CCOO al considerar este sindicato que provocará que haya menos mano de obra en las explotaciones. El número de personas que se verán beneficiadas por el convenio asciende a 65.000, según UGT, mientras que en la Sondeo de Población Activa (EPA) se señala que la monograma de ocupados en el sector primario en la provincia ascendía a 28.000 en el segundo trimestre de este año.
Una de las grandes novedades que incluye el acuerdo con respecto a otros y que se desconocía hasta el momento es que estas organizaciones se comprometen a impulsar una serie de medidas que puedan aliviar la desidia de mano de obra que sufre actualmente el campo cordobés, sobre todo durante las campañas, una situación que viene siendo denunciada desde hace tiempo por los propios agricultores y ganaderos y la industria agroalimentaria.
A este respecto, el anexo siete del convenio indica que con este ámbito de relaciones laborales «se crean las mejores condicionales laborales posibles para que los trabajadores del campo y los titulares de las explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas y forestales», siendo estos «la pulvínulo del empleo y la concepción de riqueza en nuestros pueblos», de modo que, «si al campo le va aceptablemente, al resto de los sectores económicos les irá aceptablemente».
Asimismo, se comprometen a hacer más atractivas las labores en las plantaciones a fin de que los trabajadores encuentren en la actividad primaria un futuro profesional. Es conocida la marcha de muchas personas del sector rústico a otros ámbitos como la construcción o la hostelería conveniente a sus mejores salarios., sobre todo en las épocas de longevo demanda de mano de obra por parte de ambas actividades productivas.
El convenio incluye un seguro de vida e invalidez por incidente de trabajo sufragado por las empresas
Es reseñable el hecho de que tanto Asaja, como COAG y UGT coinciden en requerir a las administraciones la apadrinamiento de medidas que «ayuden a salir del desempleo a las personas trabajadoras que se encuentren en esa situación». En esta partidura, «se realizará un observación y una consejo de cómo evitar que haya muchas personas inscritas como parados» en la agricultura y en la manada, «y, sin confiscación, haya importantes evacuación de mano de obra que no pueden cubrirse». Según el Ocupación de Trabajo y Peculio Social, a finales de agosto había inscritos un total de 4.243 demandantes de un puesto de trabajo en el campo, poco que puede resultar contradictorio cuando precisamente se está poniendo de manifiesto que los empresarios tienen problemas serios para encontrar candidatos para los tajos.
Esto ha obligado a las organizaciones agrarias a solicitar a la Subdelegación del Gobierno un contingente de trabajadores extranjeros para cubrir este compromiso, poco que no ocurría desde hace primaveras. En el convenio los firmantes se comprometen a solucionar y a ayudar a las administraciones para la autorización de la venida de estas personas desde fuera de España, un aspecto al que los sindicatos siempre habían mostrado su rechazo frente a existencia de desempleados en el ámbito rústico.
Novedades
En cuanto a las novedades del documento, destaca especialmente la subida de las remuneraciones este año (con carácter retroactivo al 1 de enero) de un 6,5 por ciento, incluyendo el 5 por ciento de subida del salario insignificante interprofesional (SMI) que aprobó el Gobierno central para 2024. De este modo, diariamente se abonarán entre 37,06 y 58,39 euros por excursión. Para 2025 y 2026 se establece un incremento insignificante del 2 por ciento, que será longevo en el caso de que el incremento del SMI así lo sea.
En lo que se refiere a los aspectos sociales del acuerdo, destaca la presentación desde el próximo año de un seguro de vida e invalidez por incidente de trabajo sufragado por las empresas para su personal con una indemnización mínima de 11.000 euros y unos gastos por sepelio que alcanzan los 2.500 euros.
El campo entra incluso en cuestiones tecnológicas al ojear el derecho de los trabajadores a la desconexión digital, de modo que estos no tienen obligación de atender ningún dispositivo de comunicación por parte de su empleadores fuera de su horario profesional, incólume en cuestiones excepcionales.