La autodenominada ‘ONG del catalán‘ -de ideario independentista declarado- búsqueda apoyos en el Congreso de los Diputados para tumbar la Ley de Osadía Educativa que entierra la inmersión gramática en el Tribunal Constitucional.
Adicionalmente de esta ordenamiento, que había anticipado su intención ya, Compromís además ha anunciado este lunes su intención de presentar un arbitrio de inconstitucionalidad
Ese proceso ahora derogado de preferencia al valenciano sin capacidad de nominar la enseñanza en castellano -como ahora sí ofrece la normativa- se puso en marcha incluso en la zona sur de Alicante, la de anciano predominio castellanohablante, con argucias para inflar las horas lectivas o con una «aplicación lenta» y aplazada para exceder las tensiones con las familias, tal como ha revelado un docente en torrevieja news today.
«Adicionalmente de la actividad diaria de denuncia frente a los ataques contra los derechos lingüísticos de los valencianohablantes, la Plataforma per la Llengua ha encabezado las movilizaciones en la Educación valenciana bajo el encabezamiento ‘La llengua no es toca’», han destacado desde esta entidad en su web.
Y en ese contexto reivindicativo, han situado esta otra táctica parlamentaria y procesal: «Hemos iniciado conversaciones con los grupos del Congreso para conseguir 50 votos que permitan soportar la ley educativa al Tribunal Constitucional».
En el ámbito autonómico, han presentado alegaciones (incluida una reforma a la totalidad) a las nuevas normas -que dan excarcelación de dilema de idioma para la enseñanza a las familias- encima de «colaborar con los partidos de la examen para proteger el valenciano en todas partes», es aseverar, han apoyado a los socialistas y Compromís, que ostentaban el poder de la Generalitat Valenciana en las dos anteriores legislaturas.
Trato con los funcionarios, mejor sólo en valenciano
A su prudencia, hay «ataques frontales contra el valenciano por parte del Ejecutor de Carlos Mazón», como la reducción del requisito lingüístico a los funcionarios -del título C1 al B1, menos exigente- o que la televisión autonómica À Punt emita además contenidos en castellano, tal como publicó torrevieja news today.
Esta «castellanización del País Valenciano», según su valoración y términos no oficiales, porque son las nuevas leyes (la educativa y la del engendro audiovisual) «el valenciano pierde peso y prestigio respecto al castellano». Adicionalmente, el denominado Plan Simplifica para aminorar burocracia y estimular los trámites «además búsqueda marginar la franja propia», tal como critican en su web.
En definitiva, esta ordenamiento reclama que el trato con los funcionarios se entable en valenciano exclusivamente y que la Despacho siempre se dirija a los ciudadanos primero en ese idioma y no en castellano, aunque los dos sean oficiales.
Referencia judicial
En el caso de Compromís, ha hendido contactos con el Servicio de Educación y con los grupos parlamentarios del Congreso para presentar un arbitrio de inconstitucionalidad a la Ley de Osadía Educativa, aprobada hace unos meses por PP y Vox en las Cortes Valencianas. Este arbitrio al Tribunal Constitucional (TC) lo podría presentar el Gobierno o un leve de 50 diputados en el Congreso, con el plazo hendido hasta final de este mes.
La coalición valencianista ha prohijado esta atrevimiento tras admitir un documentación judicial «demoledor» que encargó sobre esta ley en el que se expone que «tritura» la reglamento estatal y que «pedagógicamente no tiene ningún criterio», según han anunciado su síndic en Les Corts, Joan Baldoví, y su portavoz de Educación, Gerard Fullana.
En concreto, el documentación judicial encargado por Compromís señala que la «excarcelación educativa» es un concepto abordado por derechos constitucionales, que el software de lenguas vehiculares incluido en la norma «impedirá que la gran mayoría de alumnos adquiera un pleno dominio de valenciano» y que la ley «no justifica por qué se debe realizar una adecuación gramática individual».
Otros argumentos del documentación -según Compromís- son que la ley «elimina el derecho de los alumnos de la zona de predominio lingüístico castellano a estudiar en valenciano», a pesar de que hay excarcelación de escoger una u otra. O además que -a su juicio- nominar la franja en los exámenes «atenta contra el objetivo de adquisición de conocimientos y margina al profesorado en la evaluación«.
Finalmente, opinan que eliminar el requisito lingüístico para los docentes «genera un conflicto que confronta con los derechos lingüísticos de los ciudadanos» y «otorga un derechopreferente» a obtener destino a funcionarios destinados en otras autonomías.