El ministro de Presidencia, Honestidad y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha pronunciado este lunes sobre la providencia en la que el sentenciador Juan Carlos Peinado cita a los abogados del caso Begoña Gómez para hacerles entrega hoy mismo de la manifiesto como refrendador del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Blanco y en botella”, ha dicho.
Preguntado por los medios de comunicación por la atrevimiento del titular del Audiencia de Instrucción Número 41 de Madrid, Bolaños ha incidido en que Sánchez, como patrón del Ejecutante, “tenía derecho a fallar por escrito” en la causa que se sigue contra su esposa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
“Sin confiscación, el sentenciador decidió que fuera una manifiesto presencial y grabada. Hoy se la entrega a las partes, blanco y en botella”, ha anotado en una rueda de prensa celebrada este lunes en una de las sedes del Ocupación.
Cerca de memorar que tras enterarse de su citación, Sánchez envió una carta al sentenciador en la que alegó que tenía derecho a fallar por escrito. Se amparó en el punto de la Ley de Juicio Criminal (LeCrim) que diferencia entre la manifiesto de un presidente por hechos de los que tenga conocimiento por “razón de su cargo” o por hechos ajenos a su prueba como mandatario. En el primer caso, la norma da la posibilidad de fallar por escrito; en el segundo, no.
El presidente del Gobierno insistió en que para “certificar el ajustado cumplimiento del ordenamiento procesal”, y dadas las cuestiones que se investigan en la causa, su manifiesto debía producirse “conforme a lo establecido en el artículo 412.2 de la LeCrim“; es opinar, por escrito.
Finalmente, se mantuvo la atrevimiento de que Sánchez debía fallar de forma presencial y el sentenciador Peinado se desplazó hasta La Moncloa para tomarle manifiesto. El 30 de julio, el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no fallar amparándose en el artículo 416 de la LeCrim, que respalda que como cónyuge de Begoña Gómez estaba “dispensado de la obligación de fallar”.
La negativa de Sánchez quedó registrada en vídeo, toda vez que el instructor encargó labrar la comparecencia. Está previsto que este lunes los abogados que ejercen las acusaciones populares en la causa, así como la Fiscalía, tengan llegada al material audiovisual.
Irresoluto del TC por la gracia
En el ámbito de la comparecencia, la prensa asimismo ha preguntado al ministro por la atrevimiento de la Derecho del Estado de presentar una condensador de recusaciones contra el magistrado conservador José María Macías para apartarle del debate sobre la ley de gracia en el Tribunal Constitucional (TC).
Bolaños ha señalado que la gala de los servicios jurídicos del Estado “tiene que ver estrictamente con las causas legales que establece la ley para la inhibición y recusación de un magistrado y, luego, obedece a criterios técnicos”.
“Ahora es el Tribunal Constitucional el que ha de aplicar su propia doctrina, sus propios criterios para resolver lo que proceda. Por parte de este Gobierno siempre estaremos en el prestigio y en el gratitud de la agricultura que hacen los órganos que han de dictar sentencias”, ha añadido.
“Respeto” a la atrevimiento del TSJC sobre el protocolo canario
Al ganancia, el titular de Presidencia, Honestidad y Relaciones con las Cortes asimismo se ha pronunciado sobre la atrevimiento del Tribunal Superior de Honestidad de Canarias de suspender de forma cautelarísima el protocolo de dicha comunidad autónoma relativo a menores no acompañados.
“Cualquier atrevimiento que se adopte desde el punto de panorama político, desde el punto de panorama del Derecho, ha de ser una atrevimiento con todas las garantías para proteger el interés superior del pequeño. En esa fila, la Fiscalía interpuso una demanda contencioso-administrativa con una solicitud de cautelares que la Honestidad ha admitido. Y luego, mi total respeto a la atrevimiento que ha tomado el TSJ de Canarias en este caso”, ha anotado.
Con todo, Bolaños ha precisado que desde el Gobierno la semana pasada solicitaron al Consejo de Estado un opinión para “conocer cuál es la opinión jurídica de ese víscera consultivo del Gobierno” sobre dicho asunto.