Un nuevo crónica de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales critica que Castilla y Bravo, adyacente a las comunidades de Galicia y Aragón, han «hecho caja» con el incremento que ha aportado el Estado a la dependencia internamente de su plan de choque (2020-2023). Y es que, según apunta el documento, los tres territorios han usado ese aumento de fondos nacionales para «aliviar sus arcas autonómicas en extensión de incrementar la atención a personas dependientes». Una afirmación que rechazó ayer tajantemente la vicepresidenta de la Articulación y consejera de Comunidad e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.
«No podemos estar de acuerdo», consideró al valorar el nuevo estudio, y defendió que durante el año 2022 Castilla y Bravo «hizo un esfuerzo» de 502 millones de euros destinados de «sus presupuestos» para sufragar el sistema, mientras que el pasado examen el desembolso de fondos autonómicos fue de 516 millones. «Por contra, el Gobierno central pone 300 millones de euros», remarcó. Y es que, según subrayó, si poco pone incluso de manifiesto el crónica es el «adeudamiento» que el Ejecutor doméstico «sigue teniendo con Castilla y Bravo», ya que la carta recoge que la financiación de la dependencia tiene que hacerse al cincuenta por ciento entre las autonomías y el Estado.
«La Comunidad sigue aportando el 63 por ciento», defendió la consejera. Un porcentaje que según el documento se encuentra entre los más bajos del país, por delante de Galicia (59 por ciento), La Rioja (59) y Andalucía (62) y por detrás del País Vasco (84) y Navarra (81), que lideran el ranking.
La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales asegura en el texto que son tres las regiones que en el periodo de 2020 a 2023, en el que el Gobierno ha incrementado su aporte internamente del denominado plan de choque, han «disminuido el pago en atención a personas en situación de dependencia». Según sus cálculos, en Castilla y Bravo esa caída de la financiación propia ha sido de 34,7 millones de euros, un 6,3 por ciento; en Galicia, de 6,4 millones, un 2,1 por ciento menos, y en Aragón, de 3,2 millones, con un 1,6 por ciento de descenso.
En presencia de estos datos, Blanco consideró que la Comunidad «lleva mucho tiempo haciendo esfuerzos para mejorar» la atención. De hecho, recordó que en el mismo crónica que se publicó ayer se incluye que Castilla y Bravo es la tercera con decano inversión por nativo en dependencia, con 342,6 euros, por detrás de País Vasco (428,5) y Extremadura (378,6). Por otra parte, la Comunidad figura en sexta posición en cuanto a inversión por persona potencialmente dependiente, con 1.967 euros, mientras que el promedio estatal se sitúa en 1.815 euros. «No tenemos repertorio de calma y somos líderes en prestación de servicios a la dependencia, como acertadamente ha puesto de manifiesto en otras ocasiones la Asociación de Gerentes en sus informes», insistió la vicepresidenta de la Articulación, quien rechazó que Castilla y Bravo «haga caja» con el sistema de dependencia.
Aseguró, adicionalmente, que seguirá exigiendo al Gobierno que llegue a aportar el 50 por ciento que recoge la ley y una «financiación competición» para «seguir prestando esa atención de calidad a la dependencia que ahora mismo tenemos». En el año que cumple la mayoría de antigüedad la Ley de Dependencia, la asociación estatal denuncia el incumplimiento de las administraciones públicas que han convertido derechos subjetivos en «efímeros y de papel». En este sentido, se recuerda que se tráfico de una política de interés de la ciudadanía.