El Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, ha retirado la tramitación en el Congreso de la senda de estabilidad presupuestaria, que iba a sufragar este jueves en la Cámara Descenso, correcto a la error de apoyos para sacarlo delante y posteriormente de fracasar en su intento de atraer a Junts a un acuerdo para que votara a auspicio de los objetivos de estabilidad presupuestaria, según ha destacado `El País` y han confirmado fuentes de Hacienda.
El Ejecutante ha explicado que quiere retrasar esta votación para agotar todas las posibilidades y alcanzar un pacto que sería filántropo para todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ganando tiempo para negociar con la formación del `expresident` Carles Puigdemont.
La votación, por consiguiente, no se producirá este jueves, delante la error de apoyos parlamentarios y el marco de una nueva derrota en el Congreso.
A error de fijar una nueva época, será la cuarta vez que el Congreso debata unos objetivos de estabilidad este año. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos de 2024 dos veces, pero esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña y siguen vigentes las de 2023, que se prorrogaron automáticamente el 1 de enero
Evitar que las CCAA pierdan casi 12.000 millones de ganancia fiscal
El objetivo de retrasar la tramitación es dar más tiempo a la negociación ofreciendo una nueva oportunidad al diálogo. Desde Hacienda remarcan que no se resignan a que la “irresponsabilidad del PP” con su rechazo a la senda genere un arduo perjuicio para Comunidades Autónomas y ayuntamientos, que perderían casi 12.000 millones de ganancia presupuestario si no se aprueban unos nuevos objetivos.
El Ejecutante recuerda que esta senda fue avalada por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y flexibiliza los objetivos de débito para las CCAA y los Ayuntamientos en 2025 y 2026.
Ese maduro ganancia lo asumiría la Oficina Central, que sería quien haría el maduro esfuerzo de reducción del débito, , cedido que en 2025 deberá situar su débito en el 2,2%, en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027. Por su parte, el objetivo de débito de las comunidades en 2025, 2026 y 2027 será del 0,1%, mientras que los ayuntamientos y corporaciones locales dispondrán en 2025 y 2026 de inmovilidad presupuestario (0%).
Asimismo se establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. Por zaguero, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.
Siguiendo con la deuda pública, el objetivo fijado para las comunidades autónomas es del 20,8% del PIB en 2025, un 20% para el año futuro y un 19,4% en 2027. Por su parte, la deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando de un 1,3% en 2025 y 2026 y el 1,2% en 2027.
Techo de consumición de casi 2.000 millones
Por su parte, el confín de consumición financiero o `techo de consumición`, que no es sometido a votación, se ha fijado en un tope de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Adentro del techo de consumición se incluye asimismo una transferencia del Estado a la Seguridad Social por coste de 22.881 millones de euros, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023. La Seguridad Social podrá tener un débito del 0,25 en los tres próximos ejercicios.