El Gobierno de España ha superior que impugnará delante el Tribunal Constitucional el protocolo de menores migrantes permitido por el Gobierno de Canarias, ahora que el Consejo de Estado ha decidido que «existen fundamentos jurídicos suficientes« para hacerlo.
«Existen fundamentos jurídicos suficientes para acogerse a través del procedimiento de impugnación de disposiciones sin fuerza de ley al Tribunal Constitucional los apartados segundo, tercero y sexto del acuerdo de consejo de gobierno y el protocolo«, versa el parecer del Consejo de Estado, que ha ilustrado el ministro de Política Territorial, Atractivo Víctor Torres, tras el Consejo de Ministros.
El acuerdo plantea «impugnar las disposiciones de fuerza de ley tomadas por el gobierno de Canarias: un acuerdo de consejo de gobierno de 2 de septiembre y un protocolo permitido y publicado luego en relación con los menores extranjeros no acompañados«; y ha ilustrado algunas partes del parecer urgente del Consejo de Estado sobre el protocolo acerca de los menores migrantes permitido por el Gobierno de Canarias, pedido por el Gobierno delante «un posible conflicto de competencias».
En cuanto al parecer, según la ojeada del ministro, el Consejo de Estado señala que «las dificultades que pudieran existir en la identificación y determinación de permanencia« de estos inmigrantes así como »la insuficiencia o saturación de los medios autonómicos disponibles para atenderlos« no son circunstancias que »permitan aducir un eventual rechazo de la comunidad autónoma a la admisión de los menores localizados en su condado ni tardar la atención inmediata que los mismos puedan requerir».
Adicionalmente, Torres ha puesto de relieve que, aunque el Consejo de Estado precisa que las comunidades autónomas pueden aprobar sus protocolos territoriales, añade que «no pueden introducir requisitos no previstos en la norma estatal para la admisión de los menores extranjeros no acompañados«. Ha subrayado que »existe una obligación de protección y subsidio« por parte de las instituciones públicas del Estado» y ha recordado que esta obligación del Estado «se encuentra sometida a las reglas de distribución de competencias del ordenamiento interno».
En concreto, Torres ha puntualizado que en España dicha obligación corresponde «a las entidades públicas autonómicas de protección de menores«. »Esto deja claro el aspecto comcrisis mifratoriapetencial«, ha remarcado el ministro.
Adicionalmente, sobre la constitucionalidad de la atrevimiento del gobierno canario de suspender la admisión de los menores extranjeros no acompañados que hayan sido recogidos por las autoridades estatales en el mar o interceptados en la frontera, el Consejo de Estado dice que «las razones aducidas por el gobierno canario para la acogida de esta medida, siendo comprensible y coincidente con la sinceridad de las cosas, en modo alguno pueden servir para justificarla« y añade que »constituye« una »incumplimiento del derecho a la protección y subsidio particular que resulta imprescindible para asegurar su dignidad, el autónomo progreso de su personalidad y su integridad física«.
Con respecto al protocolo territorial canario, que exige que la entrega de los menores a los servicios públicos autonómicos de protección venga precedida de una resolución administrativa individualizada, el Consejo de Estado indica que «estas exigencias no se encuentran contempladas en la norma estatal de extranjería en nadie de los supuestos mencionados«.
Sobre la impugnación de estos acuerdos administrativos, el Consejo de Estado añade que «la violación del orden constitucional en que incurren tales actuaciones no se limita al ámbito puramente competencial y encierra asimismo una incumplimiento de los derechos constitucionales que junto a atribuir a los menores en situación de incuria«.
Torres ha destacado que «el parecer del Consejo de Estado es claro con respecto a las competencias« y »sobre la inconstitucionalidad con respecto a esos acuerdos tomados por parte del gobierno de Canarias«. Aún así, ha asegurado que el Gobierno de España seguirá trabajando para la modificación del artículo 35 que, a su inteligencia, «es lógicamente la alternativa« para la distribución, que es poco que les »parece exacto«.