El próximo martes concluirá la nueva ronda de consultas del Rey con los partidos políticos con representación parlamentaria, de la que muy probablemente saldrá su nombramiento Pedro Sánchez como candidato a la investidura, tras fracasar la semana pasada, como estaba previsto, Alberto Núñez Feijóoel cual obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra.
Y justo ese día, el Senado debatirá y aprobará, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) en la Cámara Alta, una resolución popular contra la amnistía, contra la que el PSOE tendrá que posicionarse una vez más, como ya ha dicho. también lo ha hecho. ocurrido en parlamentos regionales y ayuntamientos. Todo ello mientras el propio Sánchez sigue sin pronunciarse públicamente sobre la principal concesión que piden sus potenciales socios para permitirle revalidar su mandato.
La moción registrada por el Partido Popular expresa “su absoluta desaprobación a cualquier negociación política encaminada a obtener el apoyo parlamentario a la investidura como presidente del Gobierno que incluya, como contrapartida, al concesión de una amnistíaexpreso o velado, o cualquier forma de indulto o beneficio judicial, que de una forma u otra pretenda favorecer a las personas procesadas por el proceso ilegal de secesión perpetrado en Cataluña.
Los senadores socialistas tendrán que votar este texto cuando probablemente Sánchez ya haya sido designado por Felipe VI como candidato a la investidura, cuya materialización será imposible si las exigencias de Carlos Puigdemont y ERC, en particular este olvido jurídico de los delitos relacionados con el referéndum ilegal del que este domingo se cumplen seis años y la posterior declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña en 2017.
Asimismo, la iniciativa llevada a cabo por el primer partido en el Senado rechaza “todas aquellas modificaciones legislativas realizadas en beneficio de los responsables del llamado ‘procés’, como la eliminación del delito de sedición y la reducción de las penas por malversación de fondos” , proponiendo que la reforma expresa del Código Penal acometido el año pasado por el Gobierno de Sánchez como pago al apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado.
El último punto del texto que será debatido y votado en el pleno parlamentario de este martes apela a la condición del Senado como cámara de representación territorial, y lo hace para decir que “aboga por la urgente recuperación del consenso entre los grandes partidos nacionales en “Decisiones que afectan sustancialmente a nuestro modelo de Estado autonómico y, en general, a la política territorial o al sistema de financiación autonómico, garantizando así el principio de igualdad y conciliando diversidad con unidad, y autonomía con solidaridad”, concluye la carta. , firmado por el exvicepresidente del Gobierno y ahora portavoz de su grupo, Javier Arenas.