El Gobierno ha campechano la puerta a desclasificar documentos del Centro Franquista de Inteligencia (CNI) sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017. Así lo han manifestado este miércoles desde el Empleo de Defensa, que no ve ningún problema en que algunos informes sobre los ataques vean la luz. De hecho, subrayan que «no hay nadie que esconder» y que el Ejecutante es partidario de la transparencia. Dicha desclasificación es una de las exigencias de Junts en la negociación con los socialistas para la aprobación de la senda de estabilidad y se entregarían en la comisión de investigación que se ha reactivado en el Congreso sobre los atentados.
No es la primera vez que el Gobierno cede a las peticiones de los independentistas respecto a documentación del Centro. Cerca de memorar que el pasado enero el Consejo de Ministros aprobó la desclasificación parcial de documentos del CNI sobre el espionaje con el ‘software’ israelí Pegasus al entonces presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Será este jueves cuando se reanudarán en la Cámara pérdida los trabajos de la comisión sobre los atentados que, hasta este martes, llevaba meses paralizada. La propuesta, que se votará mañana, incluye vigorizar el secreto del registro de visitas en prisión de miembros de los servicios de inteligencia al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, cerebro de los atentados; así como las transcripciones de las entrevistas mantenidas con éste, entre otros documentos.
Teorías de la conspiración
Tras los ataques de los 17-A, sectores del independentismo y algunas víctimas alimentaron teorías de la conspiración, precisamente, en torno a la figura de Es Satty y su relación con el CNI. Desde aquellos que extendieron la sombra de las sospechosa por una supuesta pasividad del Centro, hasta quienes llegaron a apuntar a una supuesta décimo de los servicios de inteligencia en el ataque. Igualmente quienes afirmaron que el imán seguía vivo, y no había perecido en la arrebato de Alcanar, pese a que el fallecimiento lo corroboraron los informes forenses.
Entre los defensores de esta juicio, un diputado de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, igualmente abogado del padre de una de las víctimas. Los Mossos lo descartaron, y la jurisprudencia avaló sus pesquisas, al considerar una «verdad científicamente constatada» que el imán estaba muerto. Sin incautación, el Govern alimentó entonces la teoría de la conspiración sobre el ataque que mató a 16 personas y causó decenas heridos. Enterrado el bulo primigenio con una verdad jurídica –la sentencia de la Audiencia Franquista–, en enero de 2022, el Ejecutante catalán, entonces comandando por Pere Aragonès (ERC), reclamó investigar qué tenía de cierta la proclamación de un imputado, el excomisario José Manuel Villarejo, que por aquellas fechas apuntó a una presunta vinculación entre el CNI, el imán de Ripoll y el atentado.
Esa no fue la primera vez que el independentismo se aferra a esta juicio. El Govern de Quim Torra ya había abrazado la teoría de la conspiración, retorciendo informaciones periodísticas, con el objetivo zaguero de vincular al Estado con al ataque, dada la proximidad del referéndum del 1-O.
Igualmente la que que fuera presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), fue un paso más allá, y anunció que presentaría una denuncia en presencia de la Fiscalía para determinar el papel de los servicios de inteligencia en el ataque. Incluso el asesor de Interior durante los atentados, Joaquim Forn (Junts), reclamó igualmente una «investigación a fondo».
Los Mossos, encargados de investigar los atentados, siempre han cerrado la puerta a cualquier especulación en torno a la inmolación. «Fue una célula de Ripoll la que planificó el atentado y ejecutó acciones terroristas como consecuencia de la arrebato no esperada en Alcanar. Tenemos claro cómo se produjo porque hemos llevado la investigación». Esas fueron las palabras del comisario Eduard Sallent en vísperas del segundo aniversario del 17-A . Cuando se cometió, estaba al frente del ámbito de observación e inteligencia del Cuerpo.