La Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración en Canarias llevó a angla este miércoles una reunión técnica que, en palabras de Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, “es una reunión ordinaria, como otras que se celebran regularmente”.
Pero a nadie se le escapa que esta reunión se enmarca en un contexto de importante repunte migratorio en dirección a Canarias conveniente a las calmas típicas de esta época, poco que ya se venía esperando desde hace semanas. El flujo de pateras no cesa; solo este miércoles se han localizado tres embarcaciones en Lanzarote y, solo en lo que va de semana, son más de 420 personas las que han llegado a las islas siguiendo la ruta migratoria.
Pestana dice “compartir la angustia” que puede tener el presidente canario Fernando Clavijo, pero le recuerda la que él sintió hace cuatro primaveras con la antecedente crisis migratoria y asegura que desde entonces han “surgido delante” para tener ahora las instalaciones que tienen.
Pestana deja claro que el Gobierno de España “está colaborando con el Gobierno de Canarias. De hecho, se pactó entre uno y otro un texto legal que no se aprobó en el Congreso porque el Partido Popular lo rechazó”. En este sentido, el delegado del Gobierno explica que, a su criterio, la posibilidad al problema de la inmigración no pasa por “aprobar un protocolo unilateralmente que afecta a otras administraciones”, en clara mención al protocolo que publicó el Gobierno Canario para el tratamiento de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias y que el Tribunal Superior de Imparcialidad de Canarias ha suspendido.
Un protocolo ilegal e inconstitucional
Este protocolo será, con toda previsión, llevado delante el Tribunal Constitucional y ya el Consejo de Estado ha instado a que se impugne la norma. “¡Eso no es una amenaza!”, exclama Pestana. En su criterio, “la posibilidad no es aseverar que la competencia es ahora del Estado porque no llego y estoy desbordado para encargar esa competencia”. Para Pestana, Clavijo ha admitido un “protocolo ilegal e inconstitucional”.
Este texto, que incluía instrucciones de función para que la Policía Doméstico identificara y custodiara a los menores no acompañados antaño de que pasaran a la custodia de la Comunidad Autónoma, tuvo como resultado que, desde el manifestación de su aplicación, durante varias noches hubiera menores durmiendo en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Este hecho ha sido condenado hoy por Pestana, quien afirma que “no puede ser que se queden en un centro de detención como es un CATE”.
La bronca política continúa y, aunque el Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado estar “muy chasqueado con el Estado”, el problema para el delegado no está en la relación entre Clavijo y el gobierno de Sánchez, sino en el propio socio de gobierno de Clavijo en Canarias, el Partido Popular. “Es un problema que tienen que solucionar ellos y no esconderlo a través de un enfrentamiento con el Gobierno Central”.
La ruta migratoria continúa con llegadas diarias a las islas, si acertadamente Anselmo Pestana aclara que “por parte de las autoridades de los países ribereños se está haciendo una función importante de retención; se están devolviendo en torno al 50% de los migrantes a los países de salida en África”. Una posible posibilidad sería retornar a pedir la presencia de Frontex, poco que, según Pestana, ya ha sucedido, aunque pidiendo que se ponga el foco en las zonas de los países de tránsito o de salida de los migrantes.
Mientras tanto, aumenta la presión, sobre todo en los centros de acogida de menores en Canarias, motivo por el cual el Profesión de Defensa cedió dos instalaciones del ejército a Canarias para que se habiliten como espacios donde se pueda dar acogida a los menores no acompañados. En este sentido, Pestana asegura que tendrá próximas reuniones con el Gobierno de Canarias para tratar el asunto, ya que habrá que admitir el reacondicionamiento de estos espacios, sin aclarar si se hará con fondos estatales, que es el deseo de Canarias, según lo ha manifestado hoy Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Adolescencia, Infancia y Familias del Gobierno canario.
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