Antonio Torres García, antiguo corregidor socialista de la villa sevillana de Lebrija, se sienta en el banquillo de los acusados por poseer sido contratado «ilegalmente» en un puesto creado expresamente para él en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación de Empleo (Faffe). Durante casi ocho primaveras, entre 2003 y 2011, esta entidad de la Sociedad de Andalucía dedicada a impartir cursos de formación para desempleados y trabajadores, le estuvo pagando un sueldo conocido «sin hacer nadie, estando en su casa», según advirtió la Fiscalía Anticorrupción en el pleito que comenzó este jueves en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. Torres comparte el banquillo con el antiguo director común de la fundación andaluza, Fernando Villén Rueda, quien fue secretario de Empleo en la Ejecutiva del PSOE andaluz.
En la escalón preliminar del proceso, dedicado a las cuestiones previas, el abogado del que fuera regidor socialista de Lebrija durante 24 primaveras, Pablo Ollero, denunció que se ha vulnerado el derecho constitucional de su cliente a la «billete política», puesto que se ha destapado una causa contra él, entre otras razones, por entrar a un empleo conocido y pertenecer a un partido, en este caso, el PSOE.
Ello constituye, en su opinión, una «discriminación punitiva» o «trato desigual» con respecto a otros andaluces contratados en el sector conocido autonómico. Lo que subyace es que «cualquier militante de un partido debe tener más cuidado sin pretende entrar a un empleo conocido», precisó.
La defensa de Torres puso de manifiesto que «casualmente» sólo se han destapado piezas separadas contra el exconcejal de Civilización del Consistorio de Jerez Francisco Camas, el exalcalde de la villa sevillana de Montellano Francisco Aguilera y el exregidor lebrijano. El denominador global de todos es que tienen el carné socialista.
Durante la audiencia, el leído Pablo Ollero recordó que la Dispositivo Central Operativa (UCO) de la Destacamento Civil, en un atestado entregado al Judicatura de Instrucción número 6 de Sevilla, apuntó a que la Faffe tenía en retribución a 200 familiares y conocidos de este partido y de sindicatos. Pero «no sabemos qué ha ocurrido con ellos». En cambio, el histórico corregidor ha padecido durante la instrucción una «pena de banquillo prolongadísima».
Sin pisar la oficina
Antonio Torres García no acudía a su puesto de trabajo, que se denominó «de modo rimbombante» Dirección de Relaciones Externas, ni pisaba oficina alguna, por lo que ningún compañero lo echó en desliz durante los ocho primaveras de actividad de la Faffe, según recoge el sumario del proceso.
La entidad, eso sí, le pagaba puntualmente una retribución de 46.750 euros al año como mando del organismo conocido, detalló el escrito de delación de Anticorrupción. Al lugar de ocho primaveras, ingresó 491.203 euros.
Durante la primera sesión del pleito, en la que asimismo ejercen las acusaciones el Partido Popular y la Sociedad de Andalucía, el fiscal Fernando Soto argumentó que en la contratación «ilegal» de Torres concurren «perfiles y datos propios que lo hacen diverso de los miles de ciudadanos andaluces que trabajan» en las entidades instrumentales de la Sociedad de Andalucía y que justifica el proceso penal. «El señor Torres estaba en su casa cobrando», advirtió el fiscal Fernando Soto. Hubo «una contratación ficticia y la percepción de emolumentos de modo fraudulenta, sin trabajar», reiteró.
El abogado del exdirector de Faffe alega indefensión sumarial porque ha sido objeto de una investigación prospectiva
«Los políticos deben cumplir los requisitos de ataque a la función pública», como el resto de ciudadanos, rebatió el representante del Ocupación Fiscal la supuesta discriminación punitiva alegada por el abogado de Torres. Ollero asimismo planteó una violación del derecho de su cliente a la tutela sumarial efectiva alegando que la división del caso Faffe en piezas separadas ha impedido «conocer la comienzo de la instrucción y la causa última de su imputación».
Alfonso Cuéllar, que defiende al ex director común de la entidad autonómica, por su parte, denunció que la investigación policial y sumarial sobre la supuesta contratación «arbitraria» de Torres es prospectiva e inquisitorial. «Se abre en canal la Faffe porque, aparentemente, hay un cúmulo de irregularidades y posibles delitos y hay que investigarla como sea» para «ver qué se encuentra» y sin respetar los derechos fundamentales de los acusados.
El leído Alfonso Martínez Escribano, que ejerce la delación popular en representación del PP, negó que la investigación fuera prospectiva y aseguró que lo que hay que dilucidar es si Torres fue contratado ilegalmente y si cobró por prestar algún servicio.
El exdirector de la Faffe, que ya fue condenado a prisión por los pagos en prostíbulos con boleto conocido, se enfrenta a una posible pena de cuatro primaveras de prisión y diez de inhabilitación solicitada por la Fiscalía. El exregidor contratado está marcado como cooperador necesario de los delitos de prevaricación y malversación que pueden costarle una pena de dos primaveras y medio de gayola y cuatro de inhabilitación.
El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, presidido por el magistrado ponente José Manuel Holgado Merino, contestará a las supuestas vulneraciones de derechos cuando dicte la sentencia. Los acusados declararán al final del pleito, a mediados de octubre.