El PP y Vox han cargado contra el Gobierno de Castilla-La Mancha a cuenta de las diferencias salariales existentes entre los trabajadores de servicios sociales de atención primaria adscritos a las entidades locales y los pertenecientes a la Articulación, mientras que los socialistas han defendido al Ejecutante autonómico aseverando que son los propios ayuntamientos los que establecen las relaciones contractuales y salariales con sus trabajadores.
En esos términos se ha desarrollado el debate que ha tenido circunscripción este jueves en el pleno de las Cortes autonómicas, que ha comenzado con la intervención del diputado de Vox Luis Juan Blázquez, quien ha destacado que trabajadores de la Articulación y de los ayuntamientos pueden tener diferencias salariales de «hasta mil euros al mes» a pesar de que «desempeñan el mismo trabajo, en el mismo servicio, con la misma categoría profesional y ejecutando las mismas funciones y responsabilidades».
Blázquez ha asegurado que para Vox esto es «una injusticia» y por ello «hay que cambiarlo», alertando de que esta situación «de precariedad profesional» «se viene arrastrando desde hace más de 15 primaveras».
«Desde el año 2010 el salario no ha sido objeto de modificación pese a que la Ley de Empleo Notorio de Castilla-La Mancha exige que no haya ningún tipo de distinción entre contratación de la Articulación y las entidades locales. Sin confiscación, gran parte de los profesionales están cobrando sueldos similares al Salario Insignificante Interprofesional«, ha lamentado, preguntándose »por qué mantiene el Partido Socialista esta situación de precariedad profesional de los trabajadores sociales«.
La resolución de Vox, que pedía desmontar el sistema autonómico y poner fin a las duplicidades administrativas, así como estrechar el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos e instar al Gobierno regional a incrementar el compra divulgado en servicios sociales e infraestructuras, ha sido rechazada tras contar exclusivamente con el apoyo de sus propios parlamentarios.
Una exigencia entendible
Mientras, el parlamentario ‘popular’ José Antonio Martín-Buro ha asegurado que la equiparación salarial de los servicios sociales de atención primaria es «fácilmente entendible» a pesar de que la región, a su sensatez, «ya ha renunciado hace décadas» a prestar este servicio «con unos mínimos de calidad».
Martín-Buro ha oculto en «casi 1.400 euros anuales» la pérdida de los trabajadores sociales de los ayuntamientos entre los primaveras 2009 y 2023, indicando que «cobran casi un 5% menos que hace 15 primaveras» mientras el IPC en ese periodo ha subido un 35,8% en la región.
Frente a un maniquí coetáneo que para el PP es «de pura supervivencia», el diputado ha pedido la creación de un plan director de servicios sociales «de la máxima calidad» y que posibilite «una auténtica modernización del sistema», consolidando los equipos sociales de atención priaria por medio de una nueva estructura «territorial y sencillo».
La resolución de los ‘populares’, que ha sido rechazada por la mayoría absoluta socialista a pesar de alcanzar el apoyo de Vox, demandaba al Gobierno regional modificar las cuantías salariales que recoge el convenio supramunicipal, certificar la voluntad de equiparación verdadero de los profesionales y el agradecimiento profesional de aquellos adscritos a estos convenios supramunicipales y suponer de forma definitiva por un maniquí de servicios sociales de atención primaria que afronte una nueva estructura territorial y sencillo.
Algunos trabajadores de servicios sociales han llevado este jueves sus reclamaciones hasta el mismo edificio de las Cortes regionales
Los profesionales, armas arrojadizas
De su flanco, el diputado socialista Pablo Camacho ha despierto al colectivo de trabajadores sociales de que el PP sus «razonables y justas reivindicaciones» les dan «exactamente igual», afirmando que solo quieren utilizarlas «como arsenal arrojadiza contra el Gobierno de Castilla-La Mancha».
«Entre otras cosas porque quienes hoy hacen examen son los mismos que aplicaron despidos y recortaduras. Sin ir más allá usted, señor Martín-Buro, que era patriarca de servicio en la Delegación de Bienestar Social en la provincia de Cuenca y que contribuyó activamente a recortar plantillas en los servicios sociales, viene hoy a erigirse como defensor de las condiciones laborales de los profesionales. Es asegurar, hoy viene a defender a los mismos que hace diez primaveras despedía. Qué despropósito», ha enfatizado.
En todo caso, Camacho ha recordado que este servicio es una competencia autonómica pero que se presta en colaboración con los ayuntamientos, explicando que cuando se firman los conciertos son las entidades locales las responsables de establecer las formas contractuales que estimen oportunas «y, por consiguiente, los profesionales están contratados por el consistorio en cuestión», lo que genera «una gran pluralidad y diferencia de condiciones salariales» ya que cada consistorio «tiene sus propios convenios colectivos y acuerdos situación que regulan las condiciones laborales y salariales de la plantilla de personal».
La resolución de los socialistas, única aprobada con su voto a auspicio pero con el rechazo de PP y Vox, pedía continuar con el esfuerzo inversor del Gobierno regional en los servicios sociales de atención primaria, seguir extendiendo todos los posibles y servicios por toda la región y continuar con la táctica de gestación de empleo vinculado al bienestar social, adicionalmente de continuar con la senda de reducción de la brecha salarial y seguir favoreciendo la estabilidad financiera de las entidades locales.
Senda de avance
El debate lo ha cerrado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha comenzado que para el Gobierno regional los servicios sociales de atención primaria y sus profesionales son «parte esencial» del sistema y admitiendo que hay cuestiones «conveniente mejorables», aunque ha aseverado que «es muy verdadero que cuatro primaveras -de recortes- no se recuperan en una o dos legislaturas» y que esta es «una responsabilidad compartida entre administraciones».
«Todos somos conscientes de que no todo es claro, de que restablecer un sistema no es tan claro como nos gustaría, pero eso no impide que sigamos trabajando, que sigamos en la semirrecta de la comunicación, del trabajo conjunto y, sobre todo, del avance y no del retroceso en el que sí nos vimos en tiempos pasados», ha proseguido.
En este punto, la consejera ha cargado contra el PP, espetando a los ‘populares’ que ahora el sistema tiene 868 profesionales, «272 más de los que ustedes tenían cuando gestionaban».
«A lo espléndido de estas dos legislaturas nos ha tocado hacer un trabajo que ojalá nunca hubiese sido necesario, que es recuperar las plantillas, adaptándolas a las nuevas evacuación de la ciudanía», ha comentado, poniendo en valencia que se han mejorado «determinados aspectos» de los convenios con los ayuntamientos, que son, ha recordado «parte importante» y cuya responsabilidad «es todavía suponer por los profesionales de los servicios sociales».
Bárbara García Torijano ha señalado que, adicionalmente, todavía se han incrementado y mejorado el mantenimiento y los kilometrajes, así como algunos precios de los servicios, avances de los que es consciente de que «todavía no son suficientes», pero a los que ha sumado «avances» acordados en este 2024 como el incremento del 3% de los salarios a los profesionales «con el objetivo, adicionalmente, de ir aumentándolo en esa senda con esos mismos porcentaje» para ir «reduciendo progresivamente» la brecha.