El Gobierno se mantiene firme en su postura de no examinar a Edmundo González como presidente electo tras las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, pese a los llamamientos en ese sentido de Congreso y Senado abanderados por el PP, pero con el paso de las semanas ha ido modulando su jerga a la hora de musitar de estos comicios y sí admite que sería el triunfador.
El propio Pedro Sánchez volvió a reiterarlo este mismo miércoles desde Nueva York: España no va “minar la dispositivo europea”. Por el momento, los Veintisiete no han querido avanzar en torno a el inspección del candidato oponente como presidente electo ya que aún está fresco en su regalo el precedente de Juan Guaidó, aunque el caso no es estrictamente el mismo.
El entonces presidente de la Asamblea Franquista se autoproclamó presidente encargado en enero de 2019 y decenas de países, entre ellos España y socios europeos, le reconocieron como tal, pero este aire no sirvió para desalojar en última instancia a Nicolás Prudente del poder.
“La quehacer que tenemos los gobiernos de España y de todos los Estados miembros es crear las condiciones para que haya un acuerdo entre las partes en Venezuela y que logremos salir de esta situación muy frustrante”, puntualizó el presidente del Gobierno, justificando así la valor de los Veintisiete de no inclinar por ahora la báscula del banda de González.
Pero el hecho de que no se quiera examinar al oponente como presidente electo no supone por contra que se reconozca a Prudente como triunfador, tal y como anunció el Consejo Franquista Electoral (CNE) y ratificó seguidamente el Tribunal Supremo de Probidad (TSJ).
El Gobierno ha venido exigiendo desde el primer momento la publicación de todas las actas electorales del 28 de julio para que estas puedan ser verificadas y defendiendo la menester de respetar la voluntad expresada independientemente por los venezolanos en las urnas, que votaron masivamente en esta ocasión.
Y en raya con estos dos planteamientos, ha ido avanzando tímidamente en su posición, sobre todo posteriormente de que el Centro Carter, que había observado los comicios, dijera que estos no habían cumplido “los estándares internacionales” y de que la examen publicara el 80% de las actas electorales. Según las mismas, González se habría impuesto con casi el 70% de los votos, cerca de 8 millones.