La polémica sobre la Ley de Vivienda continúa. Durante la mañana de este viernes 27 de septiembre, las comunidades del Partido Popular han protestado por la medida que la ministra de Vivienda y Memorándum Urbana, Isabel Rodríguez, quiere imponerles, asegurando que su amenaza es “un chantaje”.
Pero hay quienes han ido más allá, como en el caso de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien ha aplicado su reunión en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, para hacer mención a esta ley, de la que deje de amenazas, de acoso inaceptable, de que las declaraciones son inadmisibles y de que el Gobierno quiere imponer políticas que no funcionan.
Mientras, el Gobierno quiere dar por zanjada esta polémica y la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, deja claro que “si algún, al no cumplir la ley, lo pira condicionalidad o chantaje, entonces tiene un problema político”.
Hablarán sobre vivienda, pero “sin extorsiones, sin amenazas”
Los populares afirman estar dispuestos a dialogar con el Gobierno sobre vivienda, pero el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, lo tiene claro: “Sin extorsiones, sin amenazas”.
Por otro flanco, la ministra de Vivienda había convocado a los medios, pero finalmente ha decidido no hacer declaraciones sobre la medida tras señalar directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero la popular sí que rebate, aunque por sus redes sociales, donde compara el caso con Argentina, donde Milei ha retirado el control de precios y según señala la presidenta, funciona.
“No puedes pactar con Bildu una ley que ha fracasado y ahora responsabilizar a las comunidades autónomas“, sentencia López Miras. Una polémica política que los populares recuerdan al Gobierno que esa ley siquiera ha funcionado en Europa.
Un año de la Ley de Vivienda
La Ley por el Derecho a la Vivienda entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2023 con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma regula la ayuda a prestar a aquellos colectivos con más dificultades de ataque a la vivienda, un derecho obligado en la Constitución.
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