La portavoz y líder franquista del BNG, Ana Pontón, número en 904,7 millones de euros el coste de rescatar la AP-9. Una número que se aleja, a la pérdida, de los «más de 6.000 millones» que había poliedro el ministro de Transportes, Óscar Puente; e incluso de la que calcula la Xunta, por debajo de los 2.900. La razón: los novecientos millones corresponden al precio de mercado de la autopista y, asegura, sería lo que habría que abonar en tanto que la concesionaria, Audasa, no sería objeto de compensaciones en el caso de rescindirse el convenio. Lo ha explicado este viernes, echando mano de un mensaje encargado a la UDC del que se desprenden dos conclusiones: que las dos prórrogas que se concedieron a la AP-9 son «ilegales» por no tener sido licitadas –de ahí la abandono de indemnizaciones a la empresa, argumentó– y que su rescate sería rentable; esto es, si se toma como cojín el coste que acredita el BNG y los 2.844 millones de euros de consumición manifiesto que calcula hasta 2048, cuando termina la concesión, en la forma de «peajes en sombra».
Pontón ha presentado los resultados del estudio este sábado, en Santiago, anejo a sus dos autores, los profesores Carlos Aymerich y José Antonio Blanco. Según ha dicho, el convenio que mantiene Audasa actualmente y por el que gestiona la autopista es «ilegal» porque las dos prórrogas que tuvo, especialmente la última, durante el gobierno de Aznar, implicaban un «cambio sustancial» en su extensión que debería haberse resuelto mediante una subasta previa en la que participasen más empresas. En su ocupación, ha denunciado, «se aceptó sin atender a otros criterios y el Gobierno actuó a merced de la empresa».
Cese por revisión de oficio
En un ambiente así, han indicado los ponentes, la legislatura europea, basándose en derecho previa,entiende la operación como una contratación «a dedo» y que, por consiguiente, «debe ser anulada». Por eso mismo, no entraría en sorpresa el concepto de núcleo cesante y no cabría compensación económica para Audasa.
Por ende, los autores han propuesto «dos vías»: o dejar que el expediente que abrió Bruselas a España siga su curso, con las consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento que denuncia, o adecuadamente que el Gobierno actúe «de buena fe» e inste de motu propio a la anulación del convenio encargando una revisión de oficio que lo invalide. «El Estado castellano no tiene que esperar a que Europa decrete que la prórroga es ilegal, sino que puede usar el parecer de la Comisión Europea para contraer dicha ilegalidad y recuperar la infraestructura», terció la líder nacionalista.
El otro argumento de la formación nacionalista es el hucha que, en cojín a sus cálculos, representaría el rescate para las arcas públicas. Número en 2.844 millones de euros el coste, de aquí a 2048, de la concesión a causa de los «peajes en sombra», retribuciones que abona el sector manifiesto en función de la cantidad de usuarios de la infraestructura y que en 2023 alcanzaron el 30% de su facturación. Con ese referencia, y con el de su valencia de mercado –el que consideran «más coincidente» los expertos, dijeron, a la hora de hacer una perspectiva–, Pontón ha afirmado que el hucha potencial, que no sería vivo hasta adentro de veinticuatro abriles, rondaría los 1.900 millones si la autopista se rescatara ya.
Incluso en materia de transportes, el diputado nacionalista Néstor Rego ha preciso el mismo viernes que se libere de peajes el tramo de la AP-9 entre Padrón y Santiago delante las obras de O Milladoiro, en el término de Ames, por ser «la única forma de tener una alternativa adecuada y viable para certificar la circulación» entre los dos núcleos en los dos sentidos. Según ha renovador, su rama registrará iniciativas para ello en el Congreso y en los municipios afectados por las obras.