La teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde, ha pedido a la Sala Segunda que archive la exposición razonada remitida contra el fiscal normal del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. En su crónica, la número dos del Empleo Divulgado considera que la filtración de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, del patrón Alberto González Amador, no es constitutiva de delito.
Se comercio de la misma conclusión que impuso Sánchez Conde a la fiscal de Madrid que tuvo que informar delante el Tribunal Superior de Razón de Madrid sobre la querella interpuesta por el novio de Ayuso y el Colegio de la Leyes de Madrid contra dos fiscales por esta filtración y que, en aquel caso, no fue acogida por los magistrados de la Sala Penal y Civil del TSJ.
El instructor del TSJM pidió el pasado mes de julio al Suspensión Tribunal que imputase a García Ortiz por estos hechos. El pasado 14 de marzo, por orden del fiscal normal del Estado, el ministerio de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid distribuyó a los medios de comunicación una nota de prensa donde se reveló el contenido de las conversaciones mantenidas entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña. El citado comunicado contenía en el encabezado «Fiscalía Provincial de Madrid. Nota informativa» y en el mismo se informaba de los detalles del pacto de conformidad que el ilustrado de la pareja de Ayuso -imputado por fraude fiscal y falsedad documental- estaba negociando con el Empleo Fiscal.
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En el crónica enviado hoy al Supremo, la teniente fiscal sostiene que “ningún extremo de los contenidos en la nota informativa de la Fiscalía era desconocido cuando se hizo pública, es opinar, todos los datos que se dicen revelados por esa nota informativa eran, en existencia, datos de divulgado conocimiento, pues debe insistirse en que tanto la existencia de la investigación por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental como la formulación de denuncia por el Empleo Fiscal y el contenido de los correos electrónicos habidos entre fiscal y ilustrado ya habían sido publicados en diversos medios de comunicación. Ello permite afirmar que nos encontramos delante una conducta inocua, carente de antijuricidad material, dada su nula lesividad”.
Entrada a la información
Asimismo, la número dos de García Ortiz argumenta que “nadie ha cuestionado que el contenido de la nota informativa difundida con encabezamiento de la Fiscalía Provincial de Madrid el día 14 de marzo de 2024 se corresponda fielmente con lo acaecido ni que los datos e informaciones que contenía fueran verídicos y exactos” y añade que “el cruce de comunicaciones entre el ilustrado defensor del investigado y el fiscal encargado del caso se hicieron públicas con adelanto a que se difundiera la nota informativa del Empleo Fiscal”.
Para diluir la responsabilidad de la filtración respecto del fiscal normal, la teniente del TS sostiene que “debe destacarse que más de doce fiscales y cuatro funcionarios tenían ataque a esa dirección genérica de correo electrónico de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid”.
Según Sánchez Conde, la nota informativa de la Fiscalía -que se envió a los medios por orden expresa de García Ortiz y en contra del criterio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Laja– era “una información que no revelaba ningún noticia que no fuere ya conocido por la opinión pública, que había escaso un interés sobresaliente para todos los medios de comunicación y que no generaba ninguna incumplimiento del derecho de defensa de González Amador”.
La conclusión jurídica de la teniente fiscal es que el Empleo Divulgado tenía que informar de las negociaciones con el novio de Ayuso porque desde “el entorno del investigado hubo una reacción virulenta que puso su foco en la fiscal jefa de Madrid”, en remisión a la fiscal Pilar Rodríguez, que fue imputada en el TSJM por estos hechos.
Encima, la número dos de Álvaro García Ortiz afirma que la Fiscalía decidió hacer pública esa nota de prensa delante “la falsedad tanto de algunas publicaciones periodísticas” y las “manifestaciones realizadas desde el entorno de la Presidencia de la Comunidad de Madrid”.
En el entorno de la investigación contencioso llevada a agarradera por el TSJM, EL MUNDO desveló las comunicaciones internas mantenidas entre el fiscal normal del Estado y la fiscal Laja en los momentos previos a que se difundiera la nota de prensa sobre González Amador. Aquellos mensajes de WhatsApp que García Ortiz remitió a la fiscal superior de Madrid no dejaban ganancia de duda a que la nota informativa fue remitida a los medios de comunicación tras instrucción directa del fiscal normal. «Si dejamos acaecer el momento nos van a cobrar el relato (…). Es imperativo sacarla», dijo García Ortiz a Almudena Laja.
La Sala que estudiará la admisión a trámite o no de esas acciones estará formada por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Recatado, Susana Polo y Carmen Lamela. Será ponente del coche sobre la admisión o inadmisión la sentenciador Polo.