La titular del curia de Instrucción 20 de Barcelona, la magistrada Eva Molto, ha convenido el sobreseimiento provisional de la querella de la inmobiliaria Juninmo contra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por presuntas coacciones para evitar el desahucio de un inquilino inerme.
Junimno acusaba al Comunidad de Barcelona de «coaccionar a la inmobiliaria y pedía 100.000 euros de compensación por los perjuicios», según ha explicado Barcelona en Comú en un comunicado, un extremo del que no hay indicios, sostiene ahora la magistrada.
En el documento reformista por ‘Eldiario.es’ y consultado por Europa Press, la magistrada sostiene que, tras ordenarse el desahucio de un vecino de Barcelona, este alegó no tener ingresos ni una alternativa habitacional, por lo que se acordó el aplazamiento del divulgación y se comunicó la situación a los Servicios Sociales.
La magistrada añade que el cabildo incoó un expediente contra esta inmobiliaria por infringir «la ley 24/215, la cual obliga a los grandes tenedores de viviendas a proporcionar un arrendamiento social a inquilinos sin alternativas de vivienda y que se encuentren en peligro de pega social», que cumple con el procedimiento del consistorio en estos casos.
Sobre el segundo expediente incoado, por la autorización de una finca para uso como asfalto turístico sin contar con los permisos correspondientes, se produjo un error en la identificación del inmueble, «por lo tanto resultaría especialmente complicado dialogar de represalias contra la parte querellante» por parte del Ejecutor de Colau, según la titular.
La magistrada sostiene que ni la exconcejala de Vivienda, Lucía Martín, ni la mediadora ni los tres funcionarios municipales que intervinieron en la tolerancia y tramitación de los citados expedientes cometieron «infracción penal alguna» y que no consta que hayan efectuado coacción o prevaricación, por lo que no existen suficientes indicios que justifiquen continuar con la escalón de instrucción.
Con esta «ya son 19 las causas archivadas contra la alcaldesa Colau y su equipo de gobierno en lo que Barcelona en Comú considera una pelea procesal sin precendentes contra el gobierno municipal», sostienen desde la formación.
«El lawfare que ha sufrido nuestro equipo de gobierno por parte de lobbies que no quieren acatar políticas legítimas en defensa de la mayoría social ha servido para producir ruido, atacar la imagen y honorabilidad de representantes democráticos e influir en la opinión pública de cara a los procesos electorales», añaden.
Acebillo
Encima, incluso este lunes, la sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el solicitud presentado por el exarquitecto superior del Comunidad de Barcelona, Josep Anton Acebillo, que se querelló en 2023 contra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y contra la ex teniente de corregidor y responsable de Urbanística, Janet Sanz, por la construcción de la ‘supermanzana’ del Eixample por presuntos delitos urbanísticos y malversación en los proyectos de ejes verdes.
En el coche consultado por Ep, el TS recuerda que la Audiencia Provincial de Barcelona ya archivó la causa y estimó los bienes de apelación que interpusieron Colau y Sanz al no observar indicios de fraude en las subvenciones ni de malversación.
Una sentencia que Acebillo llevó frente a el TS, que ha desestimado el solicitud de queja interpuesto por el exarquitecto superior y lo condena al plazo de las cosas judiciales.
En comunicado de BComú, Sanz ha celebrado la audacia: «El TS ha confirmado que todo el esquema de transformación verde Superilla Barcelona se desarrolló de acuerdo con ley y no existe ningún delito penal».
A su pleito, el esquema fomenta la sostenibilidad, cuenta con la valoración positiva de la ciudadanía y ahora «ha quedado avalado por el TS».