Retener qué pasó y si se podrían acontecer cascarilla. Son algunas de las preguntas que buscan resolver los familiares de dieciochos ancianos -quince muertos y tres lesionados- por el coronavirus en la residencia para mayores Domus Vi de Alcoy. En el mismo brote fallecieron 73 de los 140 residentes, pero no todos acudieron a los tribunales.
Desde este lunes es el Audiencia de Primera Instancia e Instrucción 3 de la aldea alicantina el que dilucida si se cometieron irregularidades en el centro desde el 8 de marzo y hasta abril de 2020, tras el estallido de la pandemia. Es la primera demanda civil de este tipo que llega a una panorámica vocal en España.
«Rectitud para las víctimas. Dignidad para los residentes», podía leerse en la pancarta que portaban algunos de los afectados en la puerta de los juzgados. En las ocho/nueve sesiones del prudencia, que se tuvo que suspender en febrero delante la descuido de documentación y que se prórroga que concluya el 11 de octubre, desfilarán delante el tribunal más de una treintena de personas entre testigos y peritos.
La denuncia de 46 familiares de 18 usuarios, presentada a finales de 2021, ponía el foco en una presunta mala encargo de lo ocurrido. Los afectados, organizados en una plataforma, apuntan a la descuido de personal como uno de los factores esencia en todo lo ocurrido y critican que no se trasladara al hospital a los enfermos o que se les sedara sin su consentimiento.
En concepto de responsabilidad civil, reclaman a la empresa matriz, Quavitae Servicio Asistenciales, y a su aseguradora más de dos millones de euros en total. La compañía siempre atribuyó las muertes a la alcance de una crisis sanitaria sobrevenida.
Uno de los testimonios de la primera marcha de prudencia ha sido el del doctor Manuel Pérez Bosch, que estaba al frente de la Pelotón de Hospitalización a Domicilio del Hospital Inmaculado de los Lirios de Alcoy. Fue él, contiguo a cuatro médicos más y catorce enfermeros, quien atendió a los enfermos más graves desde que la Conselleria de Sanidad intervino la residencia el 12 de marzo de 2020. Hasta entonces, ha lamentado, no se habían tomado medidas de aislamiento en el centro.
Pérez Bosch ha relatado la «hecatombe» que se encontraron a su aparición: «Había pacientes que me pedían agua o me decían ‘Por crédito, sáqueme de aquí’». «Se nos negaba el teléfono» para informar a laos familiares, ha puntiagudo, al tiempo que ha incidido en que en otras residencias más grandes se logró contener los brotes sin alcanzar esa letalidad.
Su declaración ha coincidido con el de otros cinco gerocultores, que han subrayado la descoordinación y la descuido de personal en la residencia, así como el impacto que les producía el instilación de muertes y de coches fúnebres accediendo a las instalaciones.
Imagen de archivo de la residencia Domus Vi de Alcoy en marzo de 2020
En declaraciones a los medios en el foráneo de la sede jurídico, José Luis García, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Residencia Domus Vi de Alcoy y Concentaina, ha lamentado el «silencio» de la empresa y la Generalitat en estos más de cuatro abriles: «No ha habido ningún tipo de disculpa. Siguen convencidos de que lo hicieron correctamente».
García ha explicado que acordaron ir por la vía civil y descartaron la penal porque los abogados, tras reunirse con la Fiscalía, vieron «muy difícil» que el asunto prosperara, al enmarcarse los hechos en una pandemia mundial. Así les consta que ha ocurrido en otras demandas similares presentadas en España. Su único objetivo, ha aseverado, es «que no se repita aquello que se pudo evitar».
La hija de uno de los fallecidos, Silvia Peris, ha recordado el «abismo» que vivió: «A mi padre ni lo vi, ni me despedí, ni sé si está en el féretro. Lo dejé el 8 de marzo y ya no lo he vuelto a ver». Otros afectados han aludido incluso a las «muchas mentiras» que recibían sobre la vitalidad de sus allegados, la «desesperación» delante el «caos» y la «incomunicación» que sufrieron las propias víctimas. 56 de ellas murieron en solo dos semanas.
La Generalitat Valenciana otorgó en 2002 la concesión administrativa de la residencia ubicada en un antiguo hospital, que ha estado gestionada por varias empresas, por un periodo de 45 abriles. El Gobierno autonómico reservó parte de las plazas disponibles para incluirlas en el sistema divulgado. Aunque en noviembre de 2020 se anunció su reversión al sistema divulgado, el Consell de Ximo Puig no pudo llevarla a extremidad.