Cancelar la deuda de la Comunidad Valenciana, impulsar un cambio de modelo de financiación autonómica y aumentar la inversión en infraestructuras. A partir de estas solicitudes se entenderá que Compromisos Mantener su apoyo a un nuevo e hipotético Gobierno progresista encabezado por Pedro Sánchez, según ha explicado este lunes la formación liderada por Joan Baldoví.
Los diputados de Compromís en el Congreso de los Diputados, Àgueda Micó y Alberto Ibáñezse han definido como “un partido de gobierno”, aunque han evitado responder explícitamente a la pregunta de si buscarán representación en un futuro Ejecutivo de Sánchez, ya que es el “momento de qué” y no de quién.
En este sentido, han presentado hasta doce propuestas para facilitar la negociación de un posible Gobierno de izquierdas, que han asegurado que el grupo de Sumar apoyará. El más importante, el sistema de financiación. Una de las principales reivindicaciones históricas de los valencianos, aunque han admitido que “no depende únicamente de Compromís”.
Asimismo, han señalado que solicitarán un fondo de nivelación mientras dure la creación del nuevo sistema. Asimismo, han pedido la condonación de la deuda histórica de 46.000 millones de euros provocada por una infrafinanciación crónica.
En términos de infraestructura, Compromís requerirá la ejecución de los 1.435 millones de euros del plan estatal de cercanías, con especial urgencia en la variante de Torrellano y la conexión con el aeropuerto del Altet. Además, la ampliación de las líneas C1 de Gandía a Denia, la C3 de Vaencia a Utiel, la apertura al público de la carretera al Puerto de Sagunto y la creación de una línea que la conecte con Valencia y la integración definitiva de el recorrido de Castellón a Vinaroz y de San Vicenés del Raspeig a Villena.
En materia de derechos sociales, Micó e Ibáñez han subrayado la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda con la limitación del precio del alquiler y promover una moratoria de compra y venta por parte de la población no residente durante un mínimo de 36 meses.
Además, han exigido un acuerdo para la liberación horaria encaminado a reducir la jornada laboral a 32 horas, y el impulso de normas estatales que determinen los requisitos y condiciones de los servicios prestados por las empresas privadas para reducir la privatización y la subcontratación. de servicios públicos.
Asimismo, han abogado por acelerar la transición ecológica justa apostando por la repotenciación de plantas existentes, priorizando el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, así como nuevas plantas solares en terrenos degradados, manteniendo siempre un diálogo permanente con la ciudadanía y el tejido agrario y rural.
Respecto al modelo turístico, la coalición valenciana ha incidido en la necesidad de desestacionalizar y desconcentrar destinos a favor del mundo rural“a través de una nueva política turística que asuma las externalidades negativas ligadas a la equidad social y al cambio climático, con medidas como la limitación de cruceros y apartamentos turísticos”.
En materia de salud, Compromís propone una Plan de choque para fortalecer la atención primaria en todo el Estado, garantizando el 25% del presupuesto total sanitario, con financiación directa y final para que las comunidades autónomas incrementen plantilla, mejoren infraestructuras y adquieran material sanitario. Asimismo, se exige el pago de la deuda sanitaria que mantiene el Estado con la Generalitat Valenciana por el personal sanitario desplazado, así como el pago del 50% de la ley de autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia.
Proteger a los productores valencianos Es otra de las exigencias de la coalición para investir un nuevo gobierno estatal. Así, se propone el establecimiento de un índice de precios de los productos agroalimentarios que asegure precios justos. De esta manera, proponen la creación de regulaciones que controlen que la cadena alimentaria y sus intermediarios paguen al menos el 60% del precio a los productores.
Finalmente, Compromís ha reclamado el impulso de una ley de financiación para infraestructuras culturales estatales y equidad territorial que garantice los recursos necesarios para una oferta diversa y de calidad en todo el estado.