¿Qué es lo que hace que una proposición de contratación pública sea potencial sospechosa de tapar un proceso corrupto? Esa es la pregunta a la que intentan contestar tres investigadores españoles con la creación de una utensilio de inteligencia químico que es capaz de identificar las señales que pueden hacer saltar las alarmas. Tras el exploración de más de 70.000 contratos, el estudio que firman Félix López Iturriaga (Universidad de Valladolid), David Blanco Alcántara (Universidad de Burgos) e Iván Pastor Sanz (Universidad Internacional de La Rioja) acaba de publicarse en la revista científica European Journal of International Management.
«No podemos detectar la corrupción en sí misma, pero sí una serie de criterios o ‘red flags’ (banderas rojas) que indican una último competitividad», explica Iván Pastor. El divisor determinante, según refiere el investigador, lo marca a menudo el número de candidaturas recibidas, pues puede indicar que «no hay competición» porque los criterios son «muy subjetivos o ambiguos» o acertadamente «tan específicos» que la impidan de facto, al hacer dudar a los posibles interesados sobre poder cumplirlas o desanimarles con la idea de un ‘puesto a medida’.
No obstante, los sinónimos y las muchas maneras diferentes de expresar lo mismo han dificultado estudiar esos criterios e identificar las señales. Al fin y al extremidad, la corrupción puede ser muy etérea para el exploración de datos. El desafío en esta materia está así principalmente en la dificultad de repasar un gran prominencia, por lo que Pastor, López y Blanco Alcántara han desarrollado una metodología particular para su utensilio de alerta. Consiste en formar cuatro grandes grupos conceptuales, «uno en el que el precio es el criterio casi único» y otros tres definidos por una mezcla de condiciones «como la actividad profesional, las experiencias anteriores o el perfil técnico de los empleados», han añadido los investigadores en un comunicado.
Una vez definidos, han conseguido que la IA revise los requisitos de adjudicación (los requisitos de contratación en la escalón previa a la subasta) y la han ‘entrenado’ con una muestra de más de 70.000 contratos de 33 países diferentes publicados en Europa entre 2016 y 2018.
Entre las principales conclusiones a las que han llegado los investigadores es que los contratos que se adjudican basándose exclusivamente en el criterio del precio presentan un longevo aventura de restricción de la competencia (la mayoría de estos reciben menos de 3 ofertas), lo que aumenta las probabilidades de corrupción. En cambio, los contratos que valoran aspectos como la calidad técnica o criterios ambientales suelen ser más transparentes y reciben un longevo número de candidaturas.
Proyección
«En torno a un 25 por ciento de los contratos analizados recibían menos de tres solicitantes», reseña Pastor, que añade que si acertadamente eso no es indicativo necesariamente de corrupción, sí podría serlo. Y si no es malintencionado, suele mostrar, al menos, que la proposición no está acertadamente formulada. «Ahora mismo, si introduces las características de un convenio en el software, este sería capaz de asegurar si tendría o no muchas candidaturas, basándose en datos históricos», simplifica el investigador, que considera que esta utensilio podría ser interesante para las administraciones públicas no sólo para velar por su transparencia, sino asimismo para cerciorarse de la eficiencia de sus concursos.
No obstante, por ahora el software no estará apto para su uso por parte de instituciones o empresas, refiere Pastor. «Queremos seguir investigando, de momento nos ceñimos al ámbito universitario y sin humor de rendimiento», afirma, al teléfono. No obstante, sí que celebra que haya avances desde el ‘paper’ publicado en enero y que este nuevo paso haya servido para «aunar esfuerzos europeos» y para despertar el interés de Transparencia Internacional, de la Agencia Anticorrupción o de otros investigadores del continente.