El BNG insistió ayer en la defensa de un «concierto crematístico propio para Galicia» para aventajar un maniquí financiero que consideran «muy lesivo» para la Comunidad, destacando que el Estado «se quedó» con 59.000 millones en los últimos 15 primaveras.
Así lo indicó en rueda de prensa en Santiago la responsable de Formación y diputada del partido nacionalista, Montse Prado, que empleó los estudios del economista Xosé Díaz sobre las balanzas fiscales de los últimos primaveras para argumentar su posición. Apuntó que en la última baratura de 2022 se observa una diferencia de 5.344 millones entre lo que Galicia aporta vía impuestos y lo que transfiere el Estado. Obvió, por otra parte, que en la misma baratura, la comunidad gallega fuera receptora de 2.987 millones en total si se tiene en cuenta las aportaciones de los fondos comunes a los que nada más aporta la Comunidad de Madrid, Cataluña y las Islas Baleares.
Prado defendió que Galicia tenga «la válvula» del plata, como «tiene Euskadi y va a tener Cataluña» y abogó por que la Comunidad recaude «el total de impuestos y transfiera al Estado solo un cupo relativo a cuestiones comunes», una de las principales medidas que han saledizo a la luz sobre el pacto entre ERC y el PSOE respecto al maniquí de financiación catalán que negocian ambas formaciones.
Entre otros datos que presenta el BNG, se apunta que más de 33.335 millones de los ahorros de los gallegos depositados en bancos se llevaron en 2023 fuera de Galicia para volver en otras zonas de España, según datos del Tira de España.
«Servilismo y sumisión»
«Galicia no puede perder este tren», añadió la asimismo vicepresidenta del Parlamento gallego, Montse Prado, que recriminó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, poner «por delante» los intereses del PP con su «servilismo y sumisión». Asimismo, tachó de «inconcebible» que el titular autonómico renuncie a la quita de deuda.
Por su parte, la responsable de Ordenamiento del BNG, Lucía López, remarcó que esta es una «cuestión fundamental» para Galicia, «una de las mayores injusticias que padece desde hace décadas». Avisa de que la comunidad está discriminada de forma «continuada y estructural» por un reparto «centralista y desfasado».