El Empleo de Sanidad anunció hace un año un registro con los médicos objetores que se niegan a realizar abortos pero en la actos solamente cinco comunidades autónomas lo llevan a lado (Cataluña, La Rioja, Murcia, Cantabria y Canarias). Es cierto que la signo de abortos ha crecido en 2023, un 4,8%, pero la signo no es muy significativa respecto a la de 2022, con un numero similar. La periodista Lorena García mostraba las cifras, en el pasado año en España se produjeron 103.097 interrupciones voluntarias del corte, de os cuales sólo el 18,5% se llevaron a lado en la Sanidad Pública.
“Cubrir un infructifero lícito”
Mónica García, ministra de Sanidad, defendía la medida. Aseguraba que con la creación de esas listas de médicos, que se niegan a soportar a lado la interrupción del corte en la Sanidad Pública, se rebusca cubrir una carencia surgida a partir de “un infructifero lícito en el que se están amparando algunas Comunidades Autónomas para no cumplir la Ley”. La ministra lanzaba encima una reproche y aseguraba que aquellos que se niegan pretenden “que los abortos no se realicen en la Sanidad Pública“. La Ley se aprobó hace más de un año, pero la mayoría de regiones no están poniéndola en actos.
La puesta en marcha de este registro con nombres y apellidos de los profesionales sanitarios que, sea por la causa que sea, decidan no intervenir en este tipo de procedimientos, ha elevado cierta polémica y malestar. Muchos doctores dudan de las intenciones y fines con los que se elaboran estos listados.
¿Repercusiones o represalias?
En Espejo Divulgado han juntado a dos profesionales con opiniones distintas sobre el registro de médicos objetores. Manuel Martínez Sellés es el presidente del Colegio de Médicos y cree que desde el colegio deben defender el derecho a la réplica de conciencia de los profesionales. Asegura que “estar en un registro va a tener implicaciones” y puede tener consecuencias “a nivel de contratación o para ingresar a promociones”. Sellés opina que debe respetarse ese derecho.
En el otro banda Ángela Hernández, portavoz del sindicato AMYTS, defiende que hay que ser muy cautos con este asunto. Cree que no se debe discriminar a ningún inodoro, ni los que deciden practicar abortos ni los que objetan. “Siquiera sería de recibo a los no objetores solamente se les dejara practicar este tipo de procedimientos”, dice Hernández. Asegura que “las posiciones extremas no suelen ayudar a nadie” y sentencia que hay que “evitar polarizaciones que no ayudan en carencia ni a profesionales ni a quien se acoge al derecho a estropear”.
