Durante el pleito que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra el ex director caudillo de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y el exalcalde de Lebrija Antonio Torres García (PSOE), por presunta prevaricación y malversación en la contratación «arbitraria» del citado ex primer concejal; un ex responsable de dicha entidad investigado en la causa matriz ha patente que no vio «físicamente» a Torres en la sede de la entidad.
En concreto, este martes ha comparecido como testificador Juan Carlos Díaz Matías, quien fuese director de Estructuras Permanentes de la Faffe, investigado en la alcoba principal de esta macrocausa, extremo que desconocía el tribunal hasta ponerlo de relieve al manifestación del acto el fiscal Anticorrupción Fernando Soto.
Este testificador ha narrado que durante sus varios primaveras en la Faffe, él no vio a Antonio Torres García «físicamente» en las instalaciones de la entidad de la Acoplamiento de Andalucía. Por otra parte, y pesando que según la investigación Villén habría creado la Dirección de Relaciones Externas en el interior de la Faffe para asignar tal radio presuntamente ficticia al exalcalde socialista de Lebrija, este testificador ha manifestado que no recuerda que el aludido asistiese a los comités de dirección de la entidad, que se celebraban cada lunes previa convocatoria a todos y cada uno de los directores de área, entre los que figuraba él mismo.
No obstante, ha señalado que trató «en dos ocasiones» con el exalcalde por motivos relacionados con el papel de los dos en la Faffe, describiendo que en el primer caso, tuvo un contacto «presencial» de unos «15 o 20 minutos» con Torres García, porque el mismo estaba promoviendo una representación relacionada con el ámbito universitario con visos a vislumbrar fondos europeos para el plan, si proporcionadamente la idea no tuvo finalmente «mucho trayecto».
En la segunda ocasión, según ha detallado, su dirigente de ordenamiento, Joaquín Alberto Morales, le transmitió que la Agencia Española de Cooperación Foráneo buscaba perfiles para la billete española en un foro a celebrar en Perú con relación a entidades locales y mancomunidades, pidiéndole su superior que contactase con Torres García dada su «experiencia municipal» y que su trayectoria «coincidía» con el «perfil» que se buscaba.
Viajó como invitado
Él, según dijo, se habría menguado a «rebotar» a Torres García dicho correo electrónico, corroborando que su «perfil coincidía» con el solicitado por la Agencia Española de Cooperación Foráneo y que Torres García habría viajado así a Perú como «invitado», con cargo a fondos estatales, para participar en dicho foro con una «conferencia».
Este testificador ha manifestado en todo momento que él «daba por hecho» que Torres García tenía «relación» con la Faffe, si proporcionadamente ha asegurado que entonces desconocía el «formato» concreto del vínculo del exalcalde de Lebrija con la entidad, recordando que la misma contaba con una plantilla de unas «1.800 personas». Así, ha dicho que él tenía la «impresión» de que entre el ex primer concejal y la Faffe había «algún tipo de acuerdo de colaboración».
Durante la sesión, adicionalmente, el tribunal ha determinado que será el 10 de octubre cuando comparezcan los dos acusados, que habían pedido resolver al final del pleito y no al manifestación.
Según el utilitario de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado de este caso, luego de que Antonio Torres perdiese la Alcaldía de Lebrija en las elecciones municipales de 2003 tras 24 primaveras en el poder, habría solicitado al entonces director caudillo técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo su «colocación en la Faffe, a lo que Villén accedió promoviendo en su valimiento un novedoso cargo directivo, inexistente en ingenuidad, que diera satisfacción a las condiciones de contratación indefinida y salario solicitadas« por el ya exalcalde socialista de Lebrija.
Todo ello, pese a que Torres García «carecía de formación y aptitudes para aceptar funciones correspondientes a dicho nivel profesional« de directivo.
Así, y según el sentenciador instructor, el exalcalde de Lebrija «fue contratado el 1 de julio de 2003 con un arreglo de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con momento de mercancía 1 de diciembre de 2004, como directivo, con una retribución total de 46.750 euros anuales, encontrándose de adhesión como empleado en la Faffe hasta la terminación de ésta y su integración en mayo de 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)«.
Contratación injusta
La contratación, según el sentenciador instructor, se produjo, «sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar», es proponer «de modo injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto, y de modo contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación, de conformidad con la propia norma«.
«No existe ninguna documentación que revele un minúsculo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la selección y contratación de personal, ya sea técnico o directivo, por parte de una fundación pública como la Faffe«, determina el sentenciador instructor.
A ello se suma, según precisaba el sentenciador en el utilitario, que el organigrama funcionario de la Faffe «no contemplaba puesto directivo alguno al que pudiera penetrar« el exalcalde investigado, por lo que el otro encausado »morapio a crear uno ‘a propósito’ que denominó Dirección de Relaciones Externas«, un área que »era en ingenuidad inexistente, de modo que carecía de estructura, funciones y contenido efectivo; sin sede física, ni oficinas, ni despachos, ni personal adscrito«.
Ni siquiera acudía a la sede de la fundación
De hecho, el sentenciador avisa de que el exalcalde «ni tan siquiera acudía a la sede de la fundación, ni desempeñaba trabajo alguno (era desconocido por otros trabajadores y directivos), aunque se procuró tarjetas de visitante o presentación«, de forma que »la escasa actividad realizada, limitada a puntuales contactos con algún político o autoridad«, la llevó a punta »siempre« desde su domicilio »y con medios propios, ordenador y cuenta de correo electrónico genérica y gratuita«.
Como resultado, «el investigado Antonio Torres habría estado ocupando un puesto de trabajo de nivel superior, inexistente en la ordenamiento de la Faffe, sin un cometido concreto y, en definitiva, sin desempeñar una cultivo existente, con la popularidad y consentimiento de Fernando Villén, lo que habría permitido a Torres García percibir 491.203,03 euros« hasta 2020, «sin que conste que trabajara positivamente, disfrutando adicionalmente de los beneficios de un adhesión ficticia en la Seguridad Social, y a la postre integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo tras la terminación de la Faffe, sin más mérito que su afinidad y vinculación personal y política con Villén Rueda», resume el sentenciador, que así ordena continuar las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado.
Merced a tales presuntos hechos, la Fiscalía reclama para Fernando Villén cuatro primaveras de prisión por un supuesto delito de malversación y diez primaveras de inhabilitación particular por un posible delito de prevaricación; mientras para el exalcalde de Lebrija reclama dos primaveras y medio de prisión por malversación y cuatro primaveras de inhabilitación por supuesta prevaricación.
Sobre Villén, recordémoslo, ya pesa una condena auténtico a seis primaveras de calabozo por un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial en concepto de inductor, por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Acoplamiento de Andalucía.