Por primera vez desde que tuvo circunscripción el referéndum del 1 de octubre de 2017, el independentismo catalán ha afrontado la conmemoración del conato fallido de cisma desde fuera del Govern de la Generalitat. Privado del mando tras su derrota en las autonómicas del 12 de mayo y la investidura del socialista Salvador Illa, el separatismo ha tenido que renunciar a los habituales actos conmemorativos de la votación ilegal y ha reivindicado, por separado y sin la pompa de antiguamente, su inconcluso hito, llegando a confesar su incapacidad para aplicar el resultado de esa consulta sin garantías jurídicas y de resultado no vinculante, pero además insistiendo en su voluntad de celebrar una nueva votación secesionista.
«En estos siete abriles no hemos sabido, por la errata de dispositivo, y no hemos podido, por la formidable represión del Estado gachupin, materializar aquella trofeo en la independencia de Cataluña», ha alegado Junts en un manifiesto publicado este martes, en el que aceptaba la endémica desunión del secesionismo y pasaba por su su particular tamiz la eficaz respuesta contencioso frente a el 1-O.
En el afán de no dar por enterrado el referéndum, los neoconvergentes han llamado, además, a «conjurarse para avanzar con destino a la independencia». El argumentario de Junts aduce que el mandato del 1-O sólo podrá ser sustituido por el de otro referéndum de independencia de resultado aplicable. Y es esta nueva votación la que pretende negociar con el PSOE en la mesa clandestina que se reúne periódicamente en el extranjero bajo la supervisión del mediador salvadoreño. Así lo recoge el Acuerdo de Bruselas, en el que se condicionó el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez al exploración de esta salida al «conflicto».
Exprimir la afición de Sánchez para avanzar con destino a esa nueva votación es el horizonte que se marca la formación heredera de Convergència, ahora ocupada por asuntos más apremiantes como la negociación de un nuevo robo para arriesgarse su voto a los Presupuestos Generales del Estado, el traspaso de las competencias de inmigración o la reformulación, a su antojo, del concierto financiero pactado entre ERC y el PSOE.
Como «una relato ineludible para construir el futuro en autogobierno» y «un inicio para la supervivencia de Cataluña», ha definido Carles Puigdemont el 1-O en un mensaje pretendidamente institucional pronunciado en condición de ex presidente de la Generalitat que promovió la salida de España.
El fugado además ha agradecido las «consecuencias políticas nefastas de la errata de dispositivo» del secesionismo, pero ha protegido «no tirar nunca la toalla». Su objetivo, ha insistido, es arruinar con «la unión forzada con España».
La descabezada ERC se ha condicionado a difundir un vídeo con imágenes del referéndum, acompañado de una indicación a «retornar a guatar las urnas de coraje y autogobierno». La ordenamiento de un nuevo referéndum además figura en la hoja de ruta de los republicanos, que llegaron a diseñar un itinerario sumarial para poder promoverlo e iniciar una negociación con el Gobierno de Sánchez. Aferrado a la diagnosis de un especie de expertos reclutados a tal intención y a la del Institut d’Estudis de l’Autogovern -una suerte de Consejo de Estado catalán-, Pere Aragonès anunció en la precampaña electoral del 12-M su plan para impulsar una nueva votación secesionista.
Amparándose en el artículo 92 de la Constitución, que establece que «las decisiones políticas de peculiar trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos», el entonces presidente de la Generalitat defendió como «posible» una consulta de independencia, sin mínimos de décimo, para la que llegó a proponer incluso pregunta: «¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente?».
Ese mismo planteamiento pretende trasladar ERC a la Convención Doméstico para la Resolución del Conflicto Político. Un foro dependiente del Parlament que Illa se comprometió a constituir a cambio del respaldo a su investidura, que estará presidido por los republicanos y en el que estos defenderán la celebración de un futuro referéndum pactado.
Aunque ese objetivo parece aparcado a errata de resolver cuestiones más apremiantes, como la concreción de la «financiación singular» que el Gobierno acota ahora al traspaso de la encargo del IRPF, ERC reclama la inmediata constitución de la convención para ver cumplido otro de los puntos del acuerdo de investidura.
A la dilación de comprobar cómo avanza el plaza ideada por ERC, el presidente del Parlament y dirigente de Junts, Josep Rull, ha diligente su control de la Cámara para pronunciar una exposición institucional para ensalzar al 1-O como «el día más trascendente de la historia fresco de Cataluña» y exigir la aplicación de la Ley de Remisión al diputado electo Puigdemont con el fin de «marcar un punto de inflexión en el conflicto político entre el Estado y Cataluña». La exposición ha sido suscrita por los miembros de ERC que forman parte de la Mesa, pero no por los del PSC.