El próximo año empezará a funcionar la Comercializadora Gallega de Energía, impulsada por la sociedad mixta Fortuna de Galicia (RDG) –en la que participa la Xunta–, con la que se prevé poder estrechar, de media, un 50% el precio de la energía en las comunidades cercanas a las infraestructuras que la produzcan. Se tráfico, como explicó la conselleira de Finanzas e Industria, María Jesús Lorenzana, en la presentación de este miércoles, de uno de los tres instrumentos secreto para la política energética que el Gobierno gallego está impulsando en esta lapso, yuxtapuesto con la Ley de Fortuna Naturales de Galicia –que se aprobará este mes en el Parlamento– y su planificación. El objetivo no es otro que avanzar con destino a la «autonomía energética», abaratando su precio, tanto para las familias como para las empresas de Galicia y asegurando, a la vez, la superioridad competitiva del tejido empresarial de la Comunidad.
Con esta transformación del explotación de los capital naturales en riqueza social, se beneficiarán tanto particulares como empresas, pero siempre bajo la premisa de que la comercializadora venderá el 100% de su energía a consumidores gallegos, como explicitó la conselleira. Por un flanco, la intención es que los ciudadanos que viven en el entorno de una infraestructura generadora de energía renovable –como puede ser un parque eólico– pasen de considerarse «afectados» a «beneficiarse» de su proximidad a este memorial. Quedan aún muchos cabos por atar, pero según las primeras estimaciones, de media, RDG prevé poder estrechar en un 50% el precio de la energía con respecto al precio de mercado.
Funcionará «como cualquier comercializadora», apuntó Lorenzana, llamando a los particulares para informarles de que están en el entorno de una infraestructura de procreación de energía y que podrían beneficiarse de un precio más saldo. «Si le interesa el cambio, lo va a mandar [la comercializadora], así de sencillo», explicó. Con todo, ese radiodifusión de proximidad dependerá de muchos factores, como la producción, pero se intentará ascender al mayor número de personas manteniendo un descuento significativo.
Por su parte, el funcionamiento con las industrias o empresas ya no estará menguado a un radiodifusión de cercanía, sino a toda la Comunidad. Según indicó la titular de Finanzas e Industria, la idea es «democratizar» el ataque a precios fijos y más competitivos para el tejido empresarial gallego. Esta cuestión que ya se regula actualmente mediante los contratos de compraventa de energía o PPA –de sus siglas en inglés, Power Purchase Agreement–, en los que se acuerda un precio fijo durante un tiempo determinado entre la suministradora eléctrica y la industria. Un mecanismo al que solo pueden penetrar determinadas industrias con un gran nivel de consumo energético, que es precisamente lo que pretende velar la comercializadora: ascender al resto de negocios, desde autónomos a pymes o empresas más grandes, que, de otro modo, no podrían negociar este tipo de acuerdos beneficiosos.
Un plan engorroso, de «medio a liberal plazo», como explicó en la presentación el mentor delegado de Fortuna de Galicia, Emilio Bruquetas, con el que se pretende «avalar una superioridad competitiva no solo hoy, que todavía, sino en los próximos abriles». Actualmente, se están ultimando los trámites para poner la comercializadora en marcha y el plan de negocio, y la idea, continuó, es que «a principios de 2025 estén finalizados» para nacer a entregar energía «100% gallega y 100% renovable». Con todo, como apuntó Lorenzana, para el avance del sector y ascender al mayor número de consumidores, es «fundamental que se desbloqueen las energías renovables» en la Comunidad, incluida la eólica offshore, que, «desde un punto de aspecto cuantitativo, va a aumentar sustancialmente el porcentaje de energía renovable» y permitir avanzar mucho más en la «autonomía energética» de Galicia.
«Primera y única»
Todo ello mediante una comercializadora que es «la primera y la única» en España con estas características, como defendió la conselleira. Por un flanco, indicó, se consigue cerrar el ciclo, desde la producción hasta la comercialización de energía, puesto que RDG participará parcial o totalmente en los proyectos. Adicionalmente, forma parte «de un todo» yuxtapuesto a la planificación de capital naturales y la Ley de Fortuna. Un «paraguas admitido» que entre otras cuestiones, explicita el requisito de repercutir el memorial que se aprovecha en la ciudadanía, poco que la comercializadora de RDG, al trabajar directamente con los promotores, podrá acreditar de un modo «evidente, claro y sencillo».
Como incidió la conselleira, la Xunta, que tiene un 30% del renta de RDG –donde todavía participan empresas gallegas que representan el 14% del PIB–, guardaspaldas «los derechos políticos» como socio mayoritario, y podrá prohibir cualquier plan que no responda al interés manifiesto de Galicia. Adicionalmente, delante las preguntas de los medios, todavía respondió a las acusaciones de la concurso por el maniquí público-privado escogido, defendiendo que es la opción que menos aventura supone para la sociedad. Lo que propone el BNG –una empresa pública de energía– es «que la Xunta aporte fondos propios que proceden de los impuestos de los gallegos para financiar estos proyectos», pero su Ejecutor, continuó, consiguió que sean empresas gallegas las que arriesguen su renta en un plan tan novedoso que aún está empezando. Ni lo manifiesto es bueno por naturaleza, ni lo privado malo, aseveró la titular del ramo.