La Generalitat ha recibido un tromba de más de 15.000 solicitudes de los certificados automáticos de valenciano en un solo día, expedidos con la nueva Ley de Decisión Educativa y que pueden pedir todos aquellos estudiantes -con carácter retroactivo- que terminaron su escolarización desde 2009.
Esta novedad de la reglamento se presentó por parte del conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, como una de las formas de incentivar entre las familias que apuesten por la enseñanza del valenciano -como asignatura de lengua- con carácter universal, ya que en las zonas de predominio castellanohablante pueden pedir la exención, un derecho que ya tenían antaño.
En total, hay 337.000 antiguos alumnos que pueden beneficiarse de esta justificación de sus conocimientos del valenciano, con diferentes niveles según una serie de requisitos. Así, quienes hayan obtenido una nota de 7 o más en la asignatura al concluir el Bachillerato o en la Selectividad disponen de un C1, con el que pueden consentir a la Función Pública en oposiciones. Al respecto, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que esta justificación incluso favorece la inserción profesional en empresas privadas.
A partir de ese título de máximos, los estudiantes pueden obtener otros (A2, B1 y B2) en función de qué etapas educativas completaron en colegios e institutos (o formación para adultos y pruebas de acercamiento a la Universidad), desde Primaria a Secundaria, FP o las antiguas EGB, BUP y COU, en virtud de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Toda la información se puede consultar en este enlace.
Este expediente de quienes piden su certificación -gratuita y recibida por correo electrónico, una vez comprobados sus datos- se incorpora a los archivos de la Comité Qualificadora de Coneixements de Valencià, que se encarga de los exámenes en esta materia para el conjunto de la población.
Separado de la pretensión del Gobierno autonómico de Mazón de cumplir con un asunto de «ecuanimidad» y de motivar a que se estudie el idioma sin imposiciones en las asignaturas troncales no lingüísticas, en cualquier caso con votaciones en los centros educativos, la expedición de estos títulos tiene otros posesiones indirectos.
Varias asociaciones de familias surgidas en las dos anteriores legislaturas por el rechazo a la precursor Ley de Plurilingüismo que imponía el valenciano en las aulas han puesto el foco en que el requisito lingüístico para los funcionarios condicionaba y presionaba a madres y padres a la hora de elegir en los consejos escolares el Esquema Lingüístico de Centro (PLC).
A su querella, se distorsionaba su verdadera voluntad porque los progenitores no querían condicionar la proyección profesional de sus hijos si no iban a disponer de la capacitación en valenciano para optar a oposiciones, un temor que ahora se diluye o desaparece, porque no necesitan someterse a la inmersión filología como en Cataluña. Igualmente, según estas entidades había una influencia estafa en los docentes, que habían tenido que aventajar la prueba del idioma y se sumaban a la causa nacionalista.
En el extremo opuesto, varios sindicatos como SETPV o CCOO y entidades afines al independentismo, así como profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas, han protestado contra estas certificaciones automáticas por entender que devaluaban el registro del nivel en valenciano. En algunos casos, lo han situado entre los ataques a esta jerga, aunque la reglamento garantiza la facilidad de votación.