Pese a los últimos roces entre la Xunta y el Consell de Santiago, la reunión mantenida este lunes por el presidente autonómico, Alfonso Rueda, con el alcalde de la capital gallega, Goretti Sanmartín, se ha saldado con ambos alcanzando más de un acuerdo bajo brazo. El concejal ha venido con una decena de puntos, la mayoría de carácter local, pero las miradas se han centrado especialmente en las negociaciones para la implementación de una tasa turística y en la solicitud de aumento de la contribución regional por condición de capital. Y en ambos se ha avanzado, aunque quizás no en los términos más esperados.
El encuentro se produjo en medio de una convulsión que ya se ha hecho habitual en el seno de la Corporación Compostela. Y sumergidos en un ambiente más tenso si cabe, tras unas semanas en las que la Xunta y Concello no parecían capaces de llegar a un acuerdo. Porque el debate en el seno de la capital gallega se ha abierto por el impulso del organismo local para implantar una tasa turística y se ha visto avivado por su petición de elevar la aportación autonómica a 8,6 millones para cubrir los gastos que genera la capital, pero ambos. tensó la relación entre ambas administraciones. Pese a ello, el encuentro entre concejal y presidente se ha podido llevar a cabo en un ambiente “cordial y constructivo”, afirmó Rueda, quien a ojos de Sanmartín ha mostrado “receptividad” y “buena disposición” durante las negociaciones.
De estos dos puntos, la propuesta de implementar una tasa turística ha quedado tras la culminación de la reunión como se esperaba: sin resolver –al menos, no del todo–, aunque se han sentado las bases para que finalmente pueda avanzar –cabe recordar que Aunque Rueda ya había anunciado que no acudiría a la reunión con una decisión premeditada, en todo momento ha mantenido la puerta abierta a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el alcalde. Así lo hará, explicó el presidente de la Xunta, sujeto a ciertas condiciones con el que se ha comprometido la concejala nacionalista.
Acuerdo sobre impuestos
En primer lugar, será un impuesto limitado sólo en Santiago, sin posibilidad de que otros concejos se sumen al impuesto, mientras que Compostela ha sido el único municipio que ha trasladado una propuesta al Ejecutivo regional para su implantación. Raxoi también deberá realizar una reunión con los sectores afectados de la ciudad y, posteriormente, remitir a la Xunta un informe en el que se argumenten “de forma detallada” los indicadores considerados y se analice el impacto que suponen “en el día a día”. delineado. “de la ciudad. Finalmente, el Ayuntamiento será el encargado de recaudar el impuesto, cuya recaudación, además, Debe ser utilizado en su totalidad con fines turísticos, con excepción de los gastos invertidos en su gestión.
Respecto a la otra cuestión de fondo, la cantidad solicitada para gastos de capital, la Xunta ya había dejado claro que no aprobó la naturaleza “privada” del estudio de donde emana esta actualización del presupuesto – encargada por la Alcaldía, cuando el Consello da Capitalidade sería el organismo que debería elaborarla – ni la forma en que conoció su existencia, “a través de publicaciones en los medios de comunicación” y no de palabra la administración de Sanmartín. Pero la concejala, como ella misma había declarado, esperaba que, aunque el aumento del presupuesto no se produjera de forma inmediata, sí lo hiciera de forma progresiva.
Al final de la reunión, la solicitud del informe no recibió luz verde, pero se programó una reunión para la próxima semana en la que El Consello da Capitalidade estudiará en profundidad la propuesta y comparará las cifras que sugiere con las estimadas por el organismo. Será un examen desde “un punto de vista técnico”, explicó Rueda, en el que también se sopesarán “los beneficios económicos” que conlleva la condición de capital de Galicia. Pero el número uno de la Xunta no ha cerrado los ojos ante la posibilidad de que se acabe aplicando una subida. La idea, dijo Sanmartín, es que la resolución entre en vigor en los presupuestos de 2025 y se estudia “la opción” de que pueda tener carácter retroactivo a los de 2024.