Encima de los gobernantes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, todos los comienzo de serie de las comunidades autónomas gobernadas por el PP firman un comunicado conjunto, previo a la Conferencia Sectorial de Vivienda de este jueves, para expresar su “terminante rechazo frente a el intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda”.
Las autonomías gobernadas por los “populares” (Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla y Audaz y las ciudades de Ceuta y Melilla) se reafirman en su negativa a resolver “zonas tensionadas” en sus territorios, rechazando así intervenir los precios de los alquileres al considerar que este tipo de medidas tienen el meta contrario: elevan los precios y recortan la propuesta de vivienda. Defienden que ésta es una valor potestativa, y luego judicial, de las comunidades autónomas.
En el documento, las comunidades del PP recuerdan al Gobierno que el Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los capital públicos, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. De no hacerlo, apuntan que “supondría un violación del ordenamiento judicial y judicial y de las buenas prácticas de la administración de los fondos estatales y comunitarios”.
“Perjudicial para los ciudadanos”
Por ello, rechazan “el procedimiento anunciado” por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de prohibir de los fondos estatales a aquellas comunidades que no cumplan con la Ley de Vivienda, pues ello conllevará, denuncian, “un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político, de una ideología concreta”. Subrayan los populares: “No toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda, que se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos”.
Abiertos al diálogo
Las comunidades gobernadas por los “populares” piden al Gobierno que dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema “que ya es imperioso para una mayoría de la población española, abandonando la unilateralidad que presiden sus políticas en normal, y la de vivienda en particular”.
En su opinión, la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas de los ciudadanos “como consecuencia de la nefasta política del Gobierno“. Siguiendo el tono, en el texto denuncian: “En estos seis abriles de Pedro Sánchez como presidente, la vivienda ha pasado de ser el decimosexto problema que más preocupa a los españoles a convertirse en el segundo. Con el Gobierno de Sánchez, los alquileres se han vuelto prohibitivos. Ya son para muchos ciudadanos un adecuadamente de ostentación en puesto de ser uno de primera penuria”.
En este sentido, alertan de que entre junio de 2018 y abril de 2024, el precio de los alquileres se ha incrementado un 32% y, desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, en mayo de 2023, el aumento ha sido de casi un 13%.
Desde las regiones populares alertan: “En la campaña electoral de 2023, Sánchez anunció la construcción de 183.000 viviendas, que nadie sabe todavía dónde están. En materia de vivienda, ha conseguido estrangular el mercado. La carencia absoluta de medidas para combatir la situación inmobiliaria es su único comisionado”.