Ayuso duplicará las ayudas a vecinos y comerciantes perjudicados por las zonas de bajas emisiones


El debate sobre las zonas de bajas emisiones ha llegado al pleno de la Asamblea de Madrid de la mano de Vox, que lo ha convertido en uno de sus asuntos prioritarios tras la audacia del Tribunal Superior de Honradez de Madrid de tumbar las zonas de bajas emisiones. La portavoz de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que inste al corregidor Almeida a devolver las multas impuestas en Madrid central y la presidenta ha tenido que recordarle que no es competencia de la Comunidad.

Ayuso ha aplicado el debate para subrayar su postura por duplicar las ayudas para los comerciantes y vecinos afectados por las zonas de bajas emisiones en los municipios de la Comunidad de Madrid.

«Lo que vamos a hacer ahora es que el monto de esas ayudas las vamos a duplicar para los vecinos y los comerciantes. Estoy de acuerdo en que son los más perjudicados con muchas de estas normativas que no tienen en cuenta la prosperidad ni el día a día de esas familias», ha explicado la presidenta en el Pleno de la Asamblea.

Ayuso ha precisado que van a proporcionar el achatarramiento de viejos vehículos, la importación de otros nuevos menos contaminantes y el entrada al humus transporte. Lo ha llamado «políticas en positivo» para intentar «mejorar la calidad del corriente». La presidenta defiende medidas que «no perjudiquen a nadie», ni a la licencia ni al consumo, ha precisado. En concreto, la Comunidad de Madrid lanzará una nueva trayecto de ayudas para el achatarramiento de vehículos sin marbete medioambiental.

«Estamos de acuerdo en seguir poniendo ayudas para rehabilitar edificios, para sustituir viejas calderas, para prolongar el mejor transporte divulgado que hay en España, en la región, con más utilización de transporte divulgado por nativo. Estamos ampliando la red de Patrón, lo estamos haciendo a medida que sea posible», ha subrayado Ayuso.

La presidenta regional ha aplicado para murmurar la «nefasta gobierno» del Gobierno con la red de Cercanías, que ha hecho, según ha denunciado, que un millón de viajeros al mes deje de utilizar este transporte y opten por el transporte privado o por el Patrón.

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